Adur Martínez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno habrán pasado casi un año y medio en la cárcel cuando se celebre el caso que los acusa de terroristas. Son tres de los jóvenes encausados de Altsasu por una pelea de bar que tuvo lugar el 15 de octubre de 2016 a las 5.00 horas y en la que dos Guardias Civiles resultaron levemente heridos. El mismo caso del que no se sabe quién inició la pelea y en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ve indicios de terrorismo, pero que numerosos juristas han considerado una aberración judicial y procesal.
El día 21 de noviembre la Sala de lo Penal Sección 001 de la Audiencia Nacional dictaminaba que el juicio de las ocho personas acusadas por este caso se celebrará entre los días 16 y 27 de abril de 2018. Así lo anunciaba la plataforma de madres y padres de los y las acusadas Altsasu Gurasoak, en un tuit:
Nuestros hijos llevan ya un año y 7 días en la carcel bajo el régimen especial FIES. Tras rechazar su libertad provisional alegando la inmediatez del juicio ahora nos comunican que el juicio sera DENTRO DE SEIS MESES.Las palabras desproporción e injusticia se quedan muy cortas...
— Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) November 21, 2017
El mensaje se refiere al Régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES) que permite a la justicia española postergar el encarcelamiento de personas bajo el supuesto de pertenencia a organización terrorista. Permite, además, que los tres acusados se encuentren a 400 kilómetros de distancia de sus casas en las cárceles de Navalcarnero, Aranjuez y Estremera.
La Fiscalía pide un total de 375 años de cárcel para las personas acusadas. 62 años para uno de los acusados, 50 para seis de ellas y 12 para la restante.
Lo más preocupante del caso según asegura la defensa de las personas acusadas, es la falta de garantías para éstas. Cuando, el 14 de noviembre se cumplía un año del encarcelamiento de Adur Martínez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno las y los abogados denunciaron que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había rechazado “la mayor parte de las pruebas” solicitadas por la defensa.
El tribunal impide que se cite a varios testigos de los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016, “entre los que se encuentran personas que acompañaban a los jóvenes acusados en el momento de los hechos y que podrían corroborar todos los extremos sucedidos en el interior y exterior del bar”, añadió la defensa.
