La Audiencia Nacional niega a las personas acusadas de Altsasu la posibilidad de defenderse

La defensa de los y las jóvenes de Altsasu denuncia en rueda de prensa que la Audiencia Nacional ha negado sistemáticamente las pruebas que demuestran que durante la madrugada del 15 de octubre de 2016 no hubo delito de terrorismo

Foto Altsasu Gurasoak

El día 14 de noviembre se cumplió un año desde que los y las jóvenes de Altsasu ingresaran en prisión, y su defensa realizó una rueda de prensa celebrada en la librería Traficante de Sueños de Madrid, para denunciar lo que a su entender es un atropello de los derechos de sus clientes y clientas. Los y las abogadas defensoras afirmaron que la Audiencia Nacional mantiene a las personas acusadas en la más “absoluta indefensión”.

Según señalaron, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN “inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los acusados” y de este modo niega a los y las jóvenes “la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías”.

Los hechos por los cuales se investiga a ocho personas de la localidad navarra ocurrieron la madrugada del 15 de octubre de 2016. En esa fecha se produjo una trifulca entre las personas acusadas y dos Guardia Civiles fuera de servicio y sus parejas. El suceso, que terminó con algunos moratones y un tobillo lesionado de los policías, fue considerado por el fiscal José Perals como acto constitutivo de terrorismo y por ese motivo el Ministerio público pide a las ocho personas acusadas penas que suman 375 años de cárcel.

La parte defensora, en su comparecencia, relató los intentos reiterados de la Fiscalía por asimilar los hechos del 15 de octubre con el ex grupo armado ETA. La acusación ha intentado vincular la pelea de madrugada con el colectivo Alde Hemendik -surgido para revindicar la desmilitarización de Euskal Herria, uno de los territorios con mayor ratio de policías por habitantes de toda Europa-, pero como argumentó la defensa el 14 de noviembre, cuando se ha querido personar a las y los miembros de esta organización, la comparecencia ha sido negada por la jueza Carmen Lamela.

Según afirmaron los y las abogadas de las personas acusadas, lo mismo ha ocurrido con múltiples pruebas que demostrarían que los hechos no son constitutivos de delito terrorista y que demostrarían que los causantes de la pelea podrían ser los dos Guardias Civiles.

“Se inadmiten vídeos grabados en el propio bar en que ocurrieron los presuntos hechos y sus alrededores, fotografías y planos del local, mapas de Alsasua extraídos de Google Maps y vídeos grabados por uno de los acusados la noche de los hechos, porque, a decir de la Sala, al haberlos aportados las defensas, ‘no cuentan con garantías’”, indicó la defensa en su rueda de prensa.

No son los únicos atropellos jurídicos que el 14 de noviembre visibilizaron las y los abogados: Se ha impedido declarar a testigos de los hechos de la noche del 15 de octubre de 2016, las versiones que los Guardia Civiles han dado en distintas ocasiones son contradictorias, las pruebas aportadas por estos mismos son vídeos grabados días después de los hechos, la rueda de reconocimiento de las personas acusadas carecía de garantías. Todo ello aderezado con la negativa constante de Lamela al derecho a recurrir de la defensa.

Las y los abogados concluyeron que “la actuación del tribunal, al decidir sobre la admisión e inadmisión de las pruebas propuestas por las partes para practicarse el acto del juicio oral, conlleva una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilización de medios de prueba pertinentes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y conlleva una quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador”.

Manifestaciones en defensa de las personas acusadas

Desde que ocho jóvenes fueran detenidos, de los cuales actualmente tres siguen en prisión, Altsasu se ha volcado en defensa de lo que la localidad considera un montaje para encubrir a la Guardia Civil y para seguir con la dinámica de enfrentamiento que tan bien ha funcionado para algunos en Euskal Herria. Es por este motivo que el día 14 de noviembre, se llevó a cabo una concentración en la plaza Iortia de la localidad navarra.

Además de reclamar que se haga justicia, desde la plataforma Altsasukoak Asko se quiso denunciar la situación de persecución que vive el pueblo desde el 15 de octubre de 2016. Desde esa fecha, las detenciones y multas que han recibido algunas personas de Altsasu por solidarizarse con las y los encausados, han sido numerosas.

Para el domingo 26 de noviembre la plataforma ha convocado una manifestación a las 13.00 horas en la misma plaza Iortia.

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