La federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón ha presentado un recurso ante el TSJA por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores en Aragón. El sindicato entiende que la orden del 29 de julio de 2021 del Secretario General Técnico de ciudadanía y derechos sociales discrimina por personal vacunado y no vacunado; vulnera el derecho a la intimidad y dignidad de las personas y anula el dialogo social al ser impuesta unilateralmente.
El sindicato afirma su apuesta por la vacunación es firme pero critica las órdenes emitidas por el Gobierno de Aragón que afectan a las relaciones laborales de los trabajadores/as del sector de la dependencia.
El sindicato entiende que “cuando se legisla se debe hacer respetando los principios constitucionales que deben preservar derechos como los denunciados”, comenta Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón. Para el sindicato, es el Gobierno el que debe marcar la obligatoriedad de la vacunación y no las empresas. “La ley de bases de Sanidad Nacional ya plantea la vacunación obligatoria contra enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia como la difteria o el tifus”, afirma Lizana.
María Soriano es la responsable del sector de la dependencia de CCOO Aragón y asegura que “mientras la vacunación no se imponga con carácter obligatorio, consideramos inadecuados que se estén haciendo uso de mecanismos coercitivos que contravienen la normativa constitucional, laboral y en prevención de riesgos laborales”.
El sector de la dependencia ha sido uno de los más golpeados durante esta crisis sanitaria. El sindicato asegura que las trabajadoras de residencias han realizado jornadas interminables, sin medidas de protección adecuadas durante la pandemia y perdiendo días libres o vacaciones. “Han respondido con fuerza pese a que son un sector altamente precarizado con sueldos que no alcanzan los mil euros al mes”, critica Soriano.
Ante el recurso presentado por el sindicato, el 13 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia suspendió, cautelarmente, la obligatoriedad de que los trabajadores de las residencias no vacunados tengan que pagar de su bolsillo las PCR que deben realizarse cada 72 horas en Aragón.
“Las empresas obligan a su personal a regresar de las vacaciones 3 días antes de que finalicen para someterse a las pruebas diagnósticas y se obliga al personal no vacunado a asumir costes que podrían suponer más de un tercio de su sueldo”, afirman las afectadas.
CCOO apuesta por establecer cauces de protección para los y las residentes “ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables frente a la pandemia, pero respetando la normativa de prevención de riesgos laborales y la Constitución Española”, ha finalizado Delia Lizana.
