El gobierno del Estado español podría haber pactado en secreto la impunidad de las decenas de miles de inmatriculaciones -bienes inmuebles- que los obispos han registrado a su nombre “como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano”. A eso apuntan todos los indicios, según estima la Coordinadora Estatal Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas -entre ellas la aragonesa MHUEL-, que luchan desde hace años por la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas y la devolución del patrimonio público cultural apropiado por la Iglesia Católica.
“Con dos años de retraso, el gobierno de Pedro Sánchez entregará previsiblemente el listado de inmatriculaciones al Congreso de los Diputados en las próximas semanas. Lo hará después de haber negociado con la alta jerarquía eclesiástica en medio de una evidente opacidad y sin haber articulado soluciones globales para deshacer lo que a todas luces ha sido un expolio monumental, que ha permitido a la Iglesia registrar a su nombre miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro prerrománico de Asturies, o la arquitectura mudéjar de Aragón”, destacan desde Recuperando.
Recalcan desde la Coordinadora Estatal que “en ese caso, el presidente del gobierno habría incumplido uno de sus compromisos electorales, reafirmado expresamente en el discurso de investidura, cuando anunció en el Parlamento que realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. En aquel solemne escenario también argumentó que en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y de igualdad”.
“Los pasos que ha dado en estos meses, sin embargo, no caminan en la dirección de desanudar el escándalo de las inscripciones episcopales. Aparte de guardar en un cajón el inventario con 35.000 inmatriculaciones entregadas por los registradores de la propiedad, el gobierno de Sánchez recurrió la resolución dictada por el Consejo de Transparencia, que le obligaba a hacerlas públicas”, recuerdan.
Asegura Recuperando que “el listado fue elaborado a instancias de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y tras una solicitud cursada por Recuperando en febrero de 2017. El inventario incluye únicamente los bienes inscritos por la Iglesia católica entre el decreto de Aznar de 1998 y su derogación en 2015, mientras que los colectivos patrimonialistas exigen el número total de inscripciones efectuadas desde 1946, la fecha en que se reformó la Ley Hipotecaria. Si se toma ese periodo como referencia, las inmatriculaciones podrían alcanzar los 100.000 bienes”.
Finalmente, la Coordinadora Recuperando sostiene “que todas las inscripciones son nulas de pleno derecho, toda vez que fueron efectuadas por un obispo sin aportar pruebas en virtud de un privilegio anticonstitucional, que los equiparaba con fedatarios públicos. Cualquier solución -en opinión de la coordinadora- debe partir de ese principio. La segunda condición es que los bienes de dominio público, integrantes del legado cultural inmemorial, no pueden ser privatizados por la Iglesia”, por ello, los colectivos patrimonialistas están trabajando “en una propuesta concreta de solución que entregarán al Congreso de los Diputados y al gobierno en las próximas semanas”.
