Recuperando exige a Sánchez que retire el recurso que impide que se publiquen las listas de inmatriculaciones

El presidente del Gobierno anunció “modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes indebidamente inscritos” durante su discurso de investidura, sin embargo, meses antes el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez presentó un recurso para impedirlo.

Recuperando
Catedral de La Seo de Zaragoza. Foto: CC.

La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos de diez territirios, exige al Gobierno que retire el recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia, en coherencia con el anuncio de investidura del presidente Pedro Sánchez. La organización patrimonialista considera incompatible anunciar en el Congreso la recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados y mantener en la opacidad la identidad de los casi 35.000 inmuebles inscritos irregularmente por la Iglesia desde 1998.

Es preciso recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución obligando al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de inmatriculaciones eclesiásticas y que el Ejecutivo presentó un recurso para impedirlo. “El primer paso, por tanto, para demostrar que la voluntad de Pedro Sánchez es firme debe ser revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico que les permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad”, señalan desde Recuperando.

En todo caso, Recuperando considera positivo que el presidente del Gobierno haya incluido en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia y su propósito de promover las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido indebidamente inmatriculados” por la jerarquía católica. La decisión de Pedro Sánchez representa un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público injustamente apropiado por los obispos.

Asimismo la coordinadorase muestra dispuesta a cooperar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones factibles sobre la base de dos premisas: la nulidad de todas las inscripciones por ser notoriamente inconstitucionales y la consideración de que los bienes de dominio público no son negociables. “Los obispos han registrado a su nombre decenas de miles de inmuebles y fincas, entre ellas plazas, cementerios, locales, ermitas y monumentos pertenecientes al legado cultural inmemorial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza”, señalan desde Recuperando.

Los colectivos patrimonialistas exigen además que el listado incluya los bienes inmatriculados desde 1946, el año en que se promulgó la Ley Hipotecaria y su polémico artículo 206, y no únicamente desde 1998 como se ha efectuado.

Además, estiman urgente limitar la capacidad eclesiástica para enajenar inmuebles inmatriculados hasta tanto no se resuelva el problema. “La Iglesia está vendiendo a terceros decenas de bienes irregularmente inscritos, entre ellos muchas casas parroquiales de titularidad municipal, que ya difícilmente serán recuperables”, advierten.

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