El Grupo Teleperformance ha cerrado finalmente el octavo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Majorel con un acuerdo firmado por CCOO y USO que supondrá el despido de 743 personas trabajadoras en el Estado español, de las cuales 406 ó 407 corresponden a Zaragoza, según los distintos sindicatos presentes en la negociación. La firma del acuerdo ha provocado una fuerte contestación sindical por parte de CGT, OSTA y SOA, que denuncian que el pacto “finiquita” la plataforma zaragozana y consolida la estrategia de deslocalización de servicios hacia Colombia.
El acuerdo pone fin al periodo de consultas tras siete reuniones de negociación marcadas por el enfrentamiento entre la empresa y parte de la representación sindical. Finalmente, las indemnizaciones quedan fijadas en 30 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, unas condiciones que los sindicatos críticos consideran claramente insuficientes para una plantilla con largas antigüedades, salarios bajos y una fuerte precarización laboral.
Desde CGT denuncian que este nuevo ERE “vuelve a evidenciar el modelo empresarial de Teleperformance: destruir empleo en el Estado español mientras continúa derivando carga de trabajo y servicios hacia Colombia”. El sindicato recuerda además que Zaragoza vuelve a ser uno de los territorios más golpeados por el ajuste, pese a tratarse de una plantilla que “lleva años sosteniendo el servicio”.
También OSTA ha cargado duramente contra el resultado de la negociación. El sindicato aragonés considera “vergonzante” la firma del acuerdo por parte de CCOO y USO y critica que la empresa apenas haya reducido el número inicial de despidos planteados. Según explican, de las 769 extinciones inicialmente previstas únicamente se han desafectado 25 personas, quedando más de 400 despidos para la capital de nuestro país.
Por su parte, para SOA, el acuerdo supone directamente “finiquitar la plataforma de Zaragoza”. El sindicato asegura que la negociación estuvo “atada y bien atada” entre la dirección de la empresa y los sindicatos firmantes, validando unas causas económicas que consideran injustificadas. “Con este ERE les sales muy barato”, denuncian desde la organización sindical.
Críticas a la “falsa voluntariedad” y ausencia de medidas sociales
Uno de los aspectos más cuestionados por CGT y OSTA ha sido el mecanismo de adscripción voluntaria planteado por la empresa durante el proceso. Ambas organizaciones sindicales denuncian que la supuesta voluntariedad ha sido en realidad una “falsa medida” sin capacidad de elección real para la mayoría de la plantilla.
CGT sostiene que la empresa rechazó prácticamente todas las solicitudes voluntarias procedentes de otros departamentos, pese a haber abierto inicialmente esa posibilidad. OSTA coincide en esta crítica y asegura que únicamente tuvieron opciones reales de acogerse voluntariamente las personas ya incluidas dentro de las campañas afectadas por el expediente.
Las organizaciones sindicales críticas también denuncian la ausencia de medidas reales de protección para colectivos vulnerables. Según CGT, continúan afectados por el despido colectivo personas con guarda legal, víctimas de violencia machista o mayores de 50 años.
En el caso de las personas mayores de 55 años, el acuerdo únicamente contempla el pago del convenio con la Seguridad Social hasta los 61 años, algo que el sindicato considera claramente insuficiente y generador de “enorme incertidumbre”.
Denuncias de deslocalización y contratación mediante ETT
Otro de los elementos centrales de las críticas sindicales es la continuidad de la deslocalización de actividad fuera del Estado español. Tanto CGT como OSTA consideran que la situación responde a una estrategia empresarial sostenida durante años y no únicamente a las causas económicas y productivas alegadas por la multinacional.
CGT denuncia además que la propia documentación de la empresa reconoce la existencia de personal contratado mediante ETT en servicios vinculados a Stellantis y Porta mientras se ejecuta el despido colectivo. El sindicato considera que esas vacantes podrían haberse utilizado para facilitar recolocaciones internas y reducir el impacto social del expediente.
Asimismo, SOA alerta de que el acuerdo no garantiza ningún futuro para la plataforma zaragozana ni asegura la llegada de nuevas campañas o servicios que permitan mantener el empleo a corto y medio plazo. El sindicato teme que este proceso abra la puerta a nuevos expedientes en fechas próximas e incluso a un eventual cierre del centro de trabajo.
Sin referéndum entre la plantilla
Uno de los puntos más polémicos denunciados por SOA ha sido la ausencia de una consulta directa a la plantilla sobre el acuerdo alcanzado. El sindicato considera que una decisión “tan traumática” debería haber sido sometida a referéndum entre las personas trabajadoras afectadas.
“Debe ser la plantilla quien avale con su apoyo, o no, este acuerdo”, señalan desde la organización sindical, que finalmente decidió no firmar el ERE “por responsabilidad con la plantilla que representamos y defendemos”.
OSTA, por su parte, insiste en que las indemnizaciones pactadas perjudican especialmente a Zaragoza, donde gran parte de las personas afectadas cuentan con antigüedades superiores a las mensualidades máximas acordadas y trabajan además con jornadas parciales y salarios reducidos.
El octavo ERE en un sector marcado por la precariedad
El conflicto de Majorel se enmarca dentro de una dinámica de destrucción de empleo en el sector del contact center, marcada por la externalización, la precariedad y la deslocalización de servicios hacia países con menores costes laborales que en Aragón, como excusa del capitalismo extractivista para mantener sus enormes beneficios.
Con este nuevo expediente, Teleperformance suma ya ocho EREs, consolidando un proceso de reducción continuada de empleo que afecta especialmente a Zaragoza, uno de los principales centros históricos de actividad de la compañía.
La empresa comunicará oficialmente las personas afectadas y procederá al abono de las indemnizaciones en los próximos días, mientras los sindicatos críticos anuncian que continuarán denunciando tanto las deslocalizaciones como el deterioro de las condiciones laborales en el sector.
