La cuarta reunión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Majorel-Teleperformance volvió a concluir este pasado lunes sin avances sustanciales para la plantilla. Los sindicatos OSTA y SOA denunciaron tras el encuentro que la empresa “sigue negándose” a presentar alternativas reales que permitan reducir el impacto de los 422 despidos previstos y alertaron de que el proceso responde a una estrategia “premeditada” de deslocalización de servicios hacia Colombia.
La reunión, celebrada en un contexto de creciente tensión social y sindical, estuvo marcada nuevamente por las críticas a la falta de información facilitada por la dirección de la empresa. Tanto OSTA como SOA aseguraron que Majorel continúa sin entregar documentación solicitada desde la primera reunión del proceso negociador, entre ella las cuentas segregadas por centros de trabajo o información relativa a las licitaciones presentadas para la plataforma aragonesa.
Desde OSTA denuncian que la compañía “no plantea ningún plan de recolocación que minimice el ERE” y mantiene su negativa a estudiar reubicaciones para las personas afectadas por los servicios de Lowi y Vodafone, pese a que Majorel forma parte del grupo Teleperformance y dispone de distintas plataformas y servicios.
El sindicato aragonesista sostiene que la verdadera intención de la multinacional es continuar trasladando actividad rentable fuera de Zaragoza. “La empresa ha intentado trasladar determinados clientes a otras plataformas fuera de Aragón y, en algunos casos, ha sido el propio cliente quien lo ha impedido”, señalan desde OSTA, cuestionando así el relato empresarial sobre la supuesta pérdida de clientes.
En la misma línea se ha expresado el sindicato soberanista SOA, que calificó la deslocalización de Zaragoza como “totalmente premeditada”. El sindicato considera que Teleperformance ha seguido “una hoja de ruta clara” durante más de un año para trasladar progresivamente los servicios de Lowi y Vodafone a Colombia, mientras vacía paulatinamente la plataforma zaragozana.
Según detalla SOA, la empresa aseguró durante la reunión que no existe posibilidad de recolocar personal en otras sedes ni de traer nuevos servicios a Zaragoza, pese a que actualmente todavía trabajan 49 personas de ETT en el servicio de Stellantis. El sindicato criticó que la dirección únicamente contemple “permutas voluntarias” en determinados departamentos como Cobros y Pymes y rechace eliminar personal temporal en otros servicios para favorecer la continuidad del empleo.
Uno de los aspectos que más indignación genera entre la representación sindical fueron las referencias realizadas por la empresa a los costes salariales. Según denunció SOA, la dirección llegó a afirmar que “la culpa es de nuestros sueldos”, argumentando que “en Colombia, con nuestro sueldo, trabajan tres personas”. Para el sindicato, esas declaraciones constituyen “un insulto” hacia una plantilla que lleva más de 16 años sosteniendo la actividad de la compañía.
Los sindicatos consideran además que la situación actual pone en riesgo la continuidad futura de la plataforma de Zaragoza. SOA aseguró que la empresa sigue sin garantizar la viabilidad del centro ni comprometerse a evitar su cierre, algo que aumenta la preocupación entre la plantilla. En estos momentos, los servicios que permanecerían en Zaragoza serían Porta, Cobros y Pymes de Vodafone y la atención al cliente de Stellantis, mientras la plataforma de Teleperformance en Colombia habría pasado “de 50 a 497 empleados en pocos meses”.
Durante la negociación, Majorel-Teleperformance planteó también la posibilidad de incorporar medidas de voluntariedad para acogerse al ERE. Sin embargo, según explicaron los sindicatos, esta opción quedaría limitada principalmente a los servicios afectados, reduciendo en la práctica el alcance real de esa voluntariedad.
La propuesta económica presentada por la empresa contempla inicialmente indemnizaciones de 26 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Desde SOA criticaron duramente esa oferta y consideraron “un insulto” aceptar unas condiciones que afectan especialmente a una plantilla “ampliamente feminizada, envejecida y con cargas familiares”. OSTA también incidió en el fuerte impacto social del expediente, señalando que muchas de las personas afectadas son mujeres mayores de 50 años, personas con discapacidad y trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad con especiales dificultades de inserción laboral.
La situación ha generado además movilizaciones en las calles de Zaragoza durante las últimas semanas. La plantilla volvió a concentrarse coincidiendo con la reunión negociadora para exigir la paralización del ERE y reclamar garantías de futuro para el centro de trabajo.
El conflicto ha llegado también al ámbito institucional. El Ayuntamiento de Zaragoza debatirá una moción vinculada a la situación laboral en Majorel y al impacto económico y social que podría tener el expediente sobre cientos de familias zaragozanas.
Desde ambos sindicatos insisten en que continuarán defendiendo el mantenimiento del empleo y rechazando tanto la deslocalización como unas condiciones de salida que consideran “de miseria”. “No reblaremos”, reiteró SOA al término de la reunión, en referencia a las próximas jornadas de negociación previstas esta misma semana.
