Pretenden mejorar las plantillas de personal, la atención médica, la inspección y control de calidad de los servicios, la reversión de la privatización de los centros de titularidad pública, la aplicación de la ley de dependencia, la protección a los derechos fundamentales y la prevención del maltrato, la representación y participación de las usuarias y familias, cumplimiento de protocolos de salidas y visitas de residentes y más justicia en el modelo residencial
