Nace la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para exigir una mejora de las condiciones de vida de las personas mayores tras el COVID-19

Pretenden mejorar las plantillas de personal, la atención médica, la inspección y control de calidad de los servicios, la reversión de la privatización de los centros de titularidad pública, la aplicación de la ley de dependencia, la protección a los derechos fundamentales y la prevención del maltrato, la representación y participación de las usuarias y familias, cumplimiento de protocolos de salidas y visitas de residentes y más justicia en el modelo residencial

FABZ
En Aragón hay 344 residencias de mayores, en las que viven 22.000 personas. Foto: Gobierno de Aragón

Diversas asociaciones, colectivos y personas de todos los territorios del Estado español, que representan a familiares, y usuarios y usuarias de centros de atención a personas mayores y dependientes, personas con años de experiencia previa en su defensa, han decidido conformar la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para trabajar, desde la autonomía de cada organización y en el respeto a su singularidad, en la consecución de los cambios imprescindibles para ofrecer a las personas mayores y dependientes una vida digna y con respeto a sus derechos.

Esta Plataforma entiende que los servicios sociales son un derecho universal y subjetivo de las personas. No pueden ser un negocio lucrativo, por lo que las administraciones deben garantizar la atención digna y de calidad de las personas en los centros residenciales.

Decálogo de exigencias

En un decálogo recogen sus principales exigencias, prioridades para las familias y usuarias dirigidas a las administraciones del Estado con competencia en materia de servicios sociales e instituciones europeas.

Respecto a las plantillas de personal, creen que no existe personal suficiente para la atención necesaria. También creen que hace falta una mejora de la formación del personal.

Exigen que la atención sanitaria de residentes y el control de salud se debe hacer desde la sanidad pública, así como dotar de un equipamiento médico en las residencias para el cuidado de la salud, incluyendo la psicológica. También reiteran que hay que solucionar la polimedicación, las sujeciones y las infecciones repetitivas, así como retomar las actividades de estimulación cognitiva y terapia ocupacional.

Demandan que las inspecciones se realicen con transparencia y que se realicen también controles de calidad de los servicios por las Administraciones Públicas.

Por supuesto, también señalan que las residencias son un servicio pública y se requieren la reversión de la privatización de los centros de titularidad pública.

Defienden un modelo residencial de atención vinculado a los derechos inherentes a toda la ciudadanía.  También exigen el cumplimiento de le Ley de Dependencia, así como la protección a los derechos fundamentales y la prevención del maltrato.

Desde la plataforma exigen una representación institucional y participación real de familias y usuarias en las instancias de tomas de decisiones. También quieren que se revisen los protocolos de visitas y salidas de residentes y, como conclusión, más justicia en el sector.

Quieren mostrar su solidaridad con todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia y decirles que las víctimas han sido la energía que nos ha movido durante estos atroces meses, y la que nos empuja a seguir trabajando por los que han sobrevivido. En Aragón, la filial de la Plataforma Estatal es la Plataforma por unas Residencias Públicas.

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