Aunque es el propio Gobierno de Aragón, a través del INAGA, el responsable de autorizar las actividades de la empresa Land Life que provocaron el incendio forestal en Ateca, ahora afirma que “se personará ante la Fiscalía como perjudicado” al asegurar que “la actividad que desató el incendio era estrictamente privada y nada tiene que ver con la administración aragonesa”.
