Señalan “al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país”, y le exigen, en sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, “el cese inmediato de la ‘caza de brujas’ contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua [...]”
