El movimiento feminista de Nicaragua lanza una campaña de firmas en apoyo a las defensoras encarceladas

Señalan “al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país”, y le exigen, en sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, “el cese inmediato de la ‘caza de brujas’ contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua [...]”

Foto: @ChicaRamirezNIC

Varias organizaciones han firmado recientemente un documento en el que expresan su “preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril”.

“Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país”, reza una parte del documento.

“Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras”, continúa el mismo.

“Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas ‘Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)’ y ‘Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva’, claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social”.

“Evidencia de ello –añaden- es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca - Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a ‘terroristas’ y se pide que ‘les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes’”.

A juicio de estas organizaciones, “este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos, ya que muchas veces son el preámbulo de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos”.

En relación a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de personas expertas de la ONU expresa su preocupación ante el hecho que “estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas".

Ante ello, las organizaciones firmantes señalan “al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país”, y le exigen, en sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, “el cese inmediato de la ‘caza de brujas’ contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia y represión contra actores de movimientos autoconvocados”.

Reclaman también la “derogación de las anticonstitucionales ‘Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)’ y ‘Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva’". Además del cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al país.

Asimismo, demandan proporcionar todo el “apoyo” a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), “para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel crucial ante esta crisis”.

Finalmente, apoyan “el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental”.

En este enlace se puede leer íntegro el documento y en este otro enlace adherirse mediante la firma del mismo.

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