La contaminación en Madrid, Barcelona y en el Baix de Llobregat ha llevado al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas eficaces para cumplir los estándares de calidad del aire como se le exigió en 2015. El procedimiento podría acabar con una multa de hasta 1.600 millones de euros.