Ecología

La Comisión Europea confirma la denuncia al Estado español por contaminación del aire

La contaminación en Madrid, Barcelona y en el Baix de Llobregat ha llevado al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas eficaces para cumplir los estándares de calidad del aire como se le exigió en 2015. El procedimiento podría acabar con una multa de hasta 1.600 millones de euros.
| 24 julio, 2019 11.07
La Comisión Europea confirma la denuncia al Estado español por contaminación del aire
Zaragoza. Foto: Iker Gonzáez Izagirre.

Este jueves la Comisión Europea ha decidido remitir a Bulgaria y al Estado español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mala calidad del aire. Bulgaria no ha respetado los valores límite del dióxido de azufre (SO2) y el Estado español los valores límite del dióxido de nitrógeno (NO2).

Los últimos datos de calidad del aire proporcionados por el Estado español confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE sobre dióxido de nitrógeno (NO2) desde, al menos, 2010. Asimismo, la Comisión Europea ha explicado en un comunicado que estas sanciones se limitan a las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y el Baix Llobregat que han superado los límites legales de contaminación de dióxido de carbono.

Aunque la contaminación atmosférica es un problema estructural en muchos Estados europeos, el español tiene abierto un procedimiento de infracción por la Comisión Europea desde 2015. Hasta enero de 2018 formaba parte de un grupo de nueve Estados que estaban a punto de ser llevados ante el Tribunal Europeo por su falta de actuaciones en la materia. En mayo de 2018, la Comisión llevó a seis de ellos al Tribunal de Luxemburgo, pero los otros tres se salvaron, entre ellos el español (junto a Chequia y Eslovaquia).

Las razones esgrimidas por el Comisario fueron que «las medidas anunciadas, aún en fase de preparación, podían hacer frente de forma adecuada a las deficiencias existentes, si se aplicaban adecuadamente y en el tiempo previsto», aunque anunció que el Estado español seguiría bajo una vigilancia estricta en la aplicación de dichas medidas. Ahora y tras amenazas como las del Gobierno madrileño de eliminar Madrid Central, la Comisión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto y llevar al Estado español al Tribunal de la Unión Europea para rinda cuentas por la inacción de las instituciones en materia de protección del aire.

Entre las medidas propuestas para reducir la contaminación se encontraban el plan A en Madrid, del que Madrid Central era la medida estrella, y la creación de una Zona de Bajas Emisiones en episodios de alta contaminación en Barcelona.

En lo referente a Madrid, algunas de las medidas como la zona de bajas emisiones Madrid Central sí han demostrado efectividad, aseguran desde Ecologistas en Acción. A pesar de su reducido tamaño, durante los tres meses en que ha estado operativa con un sistema de multas la contaminación por NO2 ha experimentado un acusado descenso.

Esta reducción de la polución no se ha producido solo en su interior, donde alcanzó los niveles históricamente más bajos, sino en toda la red, demostrándose un claro efecto contagio. Sin embargo, en lugar de fortalecer este sistema y ampliarlo a otras zonas de la ciudad para seguir reduciendo el número de vehículos a motor que circulan por la capital, “el nuevo consistorio ha anunciado reiteradamente sus intenciones de una reforma a la baja, llegando incluso a establecer una moratoria en el sistema de multas (revertida posteriormente por la justicia ante un recurso de Ecologistas en Acción y, días más tarde, por otros recursos de diferentes organizaciones)”, señalan desde la organización medioambiental.

“Conviene recordar que la existencia de un grave problema de contaminación fue negada por los distintos gobiernos populares de la capital. Fue el anterior gobierno, de Ahora Madrid, quien asumió el reto y puso en marcha, probablemente demasiado tarde, el Plan A para tratar de cumplir la ley”, apuntan desde Ecologistas en Acción. Así, incluso con los buenos resultados de Madrid Central, Madrid es la única capital europea en la que se supera el valor límite horario por dióxido de nitrógeno en varias estaciones, como la de Plaza Elíptica o Escuelas Aguirre.

En cuanto al caso de Barcelona, las superillas que se han implementado en cuatro años son, a juicio de Ecologistas en Acción, microactuaciones de recuperación del espacio público con escasa incidencia en la reducción de emisiones. “Se trata de cinco intervenciones aisladas y que distan mucho del plan original que planteaba actuar sobre toda la malla viaria de la ciudad para conseguir un 13 % de reducción de vehículos, con la implementación de 500 superillas”, apuntan.

Barcelona también planteó a finales de 2017 una Zona de Bajas Emisiones en episodios de contaminación que no se ha llegado a activar nunca. A partir del 2020 será permanente y limitará la circulación a los vehículos sin etiqueta de la DGT. Pero para Ecologistas en Acción “esta medida no resultará muy eficaz tal y como está planteada, pues tendrá incidencia sobre un porcentaje muy reducido de vehículos que además estarían discriminados en función de su antigüedad y no de sus emisiones reales (mucho mayores que las legales, por el fraude de los diésel)”.

Colectivos y activistas ecologistas reclaman desde hace años una tasa anticontaminación (peaje urbano) con excepciones a los turismos con tres o más ocupantes y los de personas con movilidad reducida. Una medida que la alcaldesa Ada Colau ha afirmado que el Ayuntamiento está estudiando. Ecologistas en Acción considera que no hay excusas para retrasarla.

La contaminación por dióxido de nitrógeno en Barcelona no solo tiene efectos en la salud de sus habitantes. El martes 23 de julio, la Plana de Vic superó desde las 16.00 horas el umbral de alerta por ozono, alcanzando nada menos que 243 microgramos de este contaminante por metro cúbico de aire, además de otras nueve superaciones del umbral de información. Y todo ello sin actuación alguna de la Generalitat de Catalunya para reducir con la necesaria antelación el tráfico metropolitano de Barcelona, responsable del problema.

9.000 muertes prematuras por dióxido de carbono

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, casi 9,000 muertes prematuras en el Estado español son atribuibles solo al dióxido de carbono cada año. La contaminación del aire continúa siendo el problema de salud ambiental número uno en la UE, con estimaciones que apuntan a alrededor de 400,000 muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire por año. Causa enfermedades graves como el asma, problemas cardiovasculares y cáncer de pulmón. Los estudios estiman que la mala calidad del aire causa costos económicos directos que superan los 20.000 millones de euros anuales.

En definitiva, con este panorama varios de los Estados que sí fueron llevados en 2018 ante el Tribunal consideraron la decisión de excluir al Estado español como un agravio comparativo difícil de justificar. A causa de su inacción política para atajar la contaminación, el Estado español no ha proporcionado argumentos suficientes a la Comisión Europea para defender ante el resto esta situación de excepcionalidad. “Era algo lógico, y está en línea con la petición que hicieron los principales grupos ecologistas europeos en una carta dirigida al comisario Karmenu Vella hace unas semanas, donde pedían dureza contra España si no se mantenía firme en la defensa de la calidad del aire”, aseguran desde la organización medioambiental.

El dióxido de nitrógeno (NO2) se debe principalmente a actividades humanas, como el tráfico rodado. En particular, de los vehículos diesel, y la industria. La legislación de la UE establece valores límite para PM10 y SO2 que deben cumplir los Estados miembros desde enero de 2005, mientras que para NO2, desde enero de 2010.

A juicio de Ecologistas en Acción la salud de la población debe ser algo prioritario. Si se confirma la reactivación del procedimiento de infracción “solo queda trabajar políticamente para mantener, ampliar y mejorar las medidas que han funcionado, y adoptar muchas otras más ambiciosas que no se han tomado”, señalan. La previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será condenatoria, y en segunda vuelta acabará en una más que probable multa, que puede alcanzar los 2.000 millones de euros por año de incumplimiento.

24 julio, 2019

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