Tal y como se esperaba la Justicia europea, siguiendo la petición del juez del Supremo Pablo Llarena, ha confirmado la decisión del Parlamento Europeo y desestima el recurso del expresident de Catalunya, que también afecta a los exconsellers y eurodiputados, Clara Ponsatí y Toni Comín. "Hoy la disidencia política está más amenazada en Europa", ha dicho Puigdemont.
Esta norma del Gobierno español afectaría a más de 10.000 empleadas en Aragón. El decreto no acaba con el trabajo interno ni protege a las trabajadoras que no estén regularizadas según la Ley de Extranjería.
La Justicia europea considera que el castigo penal interpuesto por la Audiencia Nacional en 2008, que condenó a estas personas a una pena de cárcel de quince meses y que finalmente fue sustituida por el pago de una multa de 2.700 euros, “constituye una interferencia con la libertad de expresión”