Este martes, 6 de septiembre, el Gobierno español ha aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras un decreto que regula la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar. Este colectivo, compuesto en su gran mayoría por mujeres, quedaba excluido del paro hasta ahora pero la justicia europea tildó de discriminatorio este hecho en una sentencia el pasado febrero.
En el Estado español esta medida podría afecta a unas 600.000 mujeres, y en Aragón, según Oxfam Intermón, serían unas 10.600 mujeres. 32% de ellas estarían en riesgo de pobreza y una de cada seis cobra 16 euros al día por su trabajo.
La norma ha sido aprobada este martes en forma de decreto ley con efectos inmediatos en varios puntos. Ahora pasará a ser convalidada en el Congreso español para incorporarse al marco jurídico. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación (salvo algunos preceptos).
Se establecen dos fechas respecto a la nueva obligación de cotizar por desempleo y también en el FOGASA, por el que el Estado responde por indemnizaciones y salarios impagados. El 1 de octubre se realizará de manera general y el 1 de enero de 2023 para las trabajadoras con menos de 60 horas mensuales de trabajo por empleador.
La norma también recogido ayudas públicas a las familias que emplean, de mayor cuantía para la de menor renta. Además, el Ministerio de Trabajo ha aclarado que las trabajadoras del hogar tendrán derecho a todos los subsidios y prestaciones como los empleos por cuenta ajena. Han puesto como ejemplo el subsidio para personas sin empleo mayores de 52 años, que podrán cobrar “cuando generen el derecho, cuando hayan cotizado lo pertinente”. Según la TJUE, esta cotización había estado vetada de manera discriminatoria.
Yolanda Díaz ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que “de todas las normas que hemos desplegado, algunas mucho más enormes, creo que esta es la más importante” ya que “protege un derecho fundamental, corrige una discriminación”.
Fin al despido sin causa
El decreto también acaba con otra discriminación que ha mantenido este colectivo, mayoritariamente mujeres y muchas de ellas, migrantes: el del despido sin causa por ‘desistimiento’.
Hasta ahora, en los hogares se podía prescindir de las trabajadoras domésticas sin alegar causa alguna y con una indemnización muy reducida, 12 días por año trabajado. A partir de ahora, se regular las causas concretas que pueden justificar este despido específico.
Las causas pasarán a ser: disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de los gastos por una circunstancia sobrevenida; modificación sustancial de las necesidades de la familia; comportamientos en la persona trabajadora que generen una pérdida de confianza.
Ayudas a los hogares
También se recogen ayudas públicas a la cotización de la Seguridad Social para los hogares para, por un lado, ayudas a las familias con más dificultades económicas y, por otro, evitar la economía sumergida ante el incremento de la cotización.
Las familias empleadoras tendrán derecho a una reducción del 20% en la aportación empresarial a la SS por contingencias comunes y una bonificación del 80% en la aportaciónal desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en ese Sistema Especial.
A medio camino
Son varios los colectivos de trabajadoras del hogar que han criticado cosas que se han quedado por el camino en la creación de la norma. Para empezar, no elimina el trabajo interno, que para muchas es “una forma de esclavitud”. Además, no cubre a todas las trabajadoras ya que deja fuera a las que no están regularizadas y, por lo tanto, no disponen de contrato en regla, ya que la Ley de Extranjería se lo impide.
