Varias sentencias firmes del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional anulando el proyecto del pantano de Mularroya, e incluso paralizando sus obras ya iniciadas, no han sido obstáculo suficiente para el Estado español, que retorciendo la ley para incumplir los mandatos judiciales, la normativa medioambiental de la Comisión Europea, y el sentido común, ha continuado destrozando el territorio, el patrimonio cultural, y enterrando cientos de millones de euros en las obras de Mularroya, cuya seguridad está en entredicho, y por tanto supone un riesgo para poblaciones como Ricla, Calatorao, o incluso la ciudad de Zaragoza.
