La Asociación Vecinal Stop Ruido Zaragoza ha denunciado públicamente que las respuestas a las alegaciones ciudadanas presentadas al Plan de Acción del Ruido de Zaragoza 2025-2029 (PARZ) no han sido emitidas directamente por el Ayuntamiento, sino por la empresa privada AAC Centro de Acústica Aplicada, S.L., a través de un documento denominado “nota técnica”.
Desde la entidad consideran que esta forma de proceder del Gobierno Chueca (PP) es “grave e inaceptable”. A su juicio, una empresa puede elaborar informes técnicos, pero “no puede sustituir al Ayuntamiento en la resolución de alegaciones ni en la asunción de responsabilidades políticas y administrativas”.
Según explican, el documento está firmado exclusivamente por la empresa adjudicataria y emplea expresiones propias de una resolución administrativa como “no ha lugar la alegación”, “no procede” o “el Gobierno se compromete”, sin que exista —afirman— una resolución municipal expresa, motivada y firmada que asuma formalmente dichas decisiones.
El ruido, una cuestión de salud y derechos
Stop Ruido Zaragoza subraya que el ruido “no es una cuestión menor ni un problema técnico abstracto”, sino que afecta directamente a la salud pública, al derecho al descanso y a la calidad de vida de miles de personas en la ciudad, especialmente en barrios impactados por el ocio diurno y nocturno.
La regulación de terrazas, horarios, densidad de actividad o la priorización del descanso vecinal son, en su opinión, decisiones políticas que deben ser explicadas y asumidas por las personas responsables municipales, y no “diluidas en informes técnicos externos”.
Críticas al proceso de participación
La asociación señala que muchas de las alegaciones presentadas tanto por Stop Ruido Zaragoza como por otras asociaciones vecinales han sido rechazadas con argumentos formales como que “la legislación no lo exige” o que “no es el lugar adecuado”, sin una “verdadera ponderación entre intereses económicos y derechos fundamentales”.
Este enfoque, añaden, convierte el trámite de información pública en un mero formalismo, donde la ciudadanía participa pero “no obtiene respuestas claras ni compromisos efectivos”.
Una visión “defensiva” del problema
Desde la entidad vecinal consideran que el Plan del Ruido aborda la cuestión desde una perspectiva defensiva, centrada en cumplir los mínimos legales, e ignora que la jurisprudencia reconoce que el ruido excesivo puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad personal y familiar y el derecho a la salud.
Mientras se posponen decisiones y se remite a planes futuros, denuncian, miles de personas continúan soportando niveles de ruido incompatibles con el descanso y con una vida digna en distintos barrios de Zaragoza.
Stop Ruido Zaragoza, integrada en la FABZ y en la FACR, reclama que el Ayuntamiento asuma directamente la responsabilidad política de las respuestas a las alegaciones y adopte medidas efectivas para garantizar el derecho al descanso de la ciudadanía.
