El pasado 6 de septiembre, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Colombia, como la Experiencia o Proceso Colectivo del año 2023, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, en la modalidad de organización acompañante, un galardón otorgado por la ong sueca Diakonia y por la Iglesia sueca que reconocen su gestión para proteger a los liderazgos sociales y las comunidades que la Fundación acompaña.
Este premio es de una gran importancia por el prestigio y reconocimiento que supone en un país, Colombia, que encabeza tristemente las listas mundiales de asesinatos de defensores y líderes sociales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ informó recientemente que, hasta el mes de septiembre, 123 líderes, lideresas y defensores de DDHH habían sido asesinados, se habían cometido 64 masacres con 205 víctimas y 30 firmantes del acuerdo de paz de 2016, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, habían sido asesinados, todo ello durante el año 2023.
Sonia López recogió, como presidenta de la Fundación, el premio a una organización que lleva casi 30 años defendiendo a las comunidades de su región. La dirigente araucana estuvo el año pasado en Zaragoza en una visita para dar a conocer en nuestra ciudad la convulsa situación que se vive en su región después de que las disidencias de las FARC estallarán un carro bomba contra el edificio en el que la Fundación tiene su sede y que destrozó el mismo, ocasionando la muerte de una persona y heridas a otras cinco.
Días después de la entrega del premio el Comité de Solidaridad Internacionalista la entrevistó para conocer de primera mano qué supone dicho premio, el trabajo que desarrolla esta organización en el departamento de Arauca y la situación del conflicto armado que se vive en Colombia un año después de la victoria de Gustavo Petro.
🏆🇨🇴 #ElValorDeDefender | En una emotiva ceremonia, Act Iglesia Sueca (@Act_Svk) y Diakonia (@DiakoniaLA) dieron a conocer los y las ganadoras del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Conoce sus historias:https://t.co/TbAJpsVODe
— Premio Nacional de Derechos Humanos Colombia (@PremioNalDDHH) September 7, 2023
¿Qué supone para ustedes y la región de Arauca este premio?
Este premio lo recibimos como un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado durante casi tres décadas de existencia y acción política en el territorio. Es un homenaje a los que ya no están porque nos los han arrebatado violentamente, a quienes han sido injustamente encarcelados bajo montajes judiciales, a todas y todos quienes hemos sufrido la agresión brutal del régimen por oponernos a que impunemente se ejecute el plan genocida para dar paso a la expansión de intereses económicos y políticos de las élites y el capital nacional y extranjero sobre nuestros territorios.
Lo recibimos con gran expectativa, sobre todo por el contexto de agresión sistemática en el que hemos desarrollado nuestra labor, especialmente durante los últimos dos años, de haber sido declarados objetivo militar por esos grupos de accionar paramilitar que se conocen como disidencias de las extintas FARC, que bajo el mismo plan de exterminio estatal han enfocado sus esfuerzos en aniquilarnos, amenazándonos y señalándonos públicamente, asesinando líderes, atentados con explosivos contra nuestras sedes, casas y vehículos.
¿Cómo surgió la Fundación Joel Sierra y qué labores desempeña en la actualidad?
En 1994 los campesinos, obreros, comunales, indígenas, jóvenes y demás hombres y mujeres articulados a las organizaciones sociales de Arauca, hoy Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, se dieron cita para realizar el Foro Departamental de DDHH con el fin de analizar la situación de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, a través de acciones de guerra sucia de la Fuerza Pública a nombre de paramilitares, en ese momento, a nombre de La Mano Negra, los encapuchados, los “macetos” u otros, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra las mujeres por parte de integrantes del Ejército Nacional, persecución judicial contra liderazgos sociales, entre otros, principalmente en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita.
De ese espacio deliberativo y decisorio, se aprueba la creación de un instrumento del pueblo para la defensa y protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario. En su momento se llamó Comité Regional de DDHH Joel Sierra, y su nombre es en homenaje a un compañero líder campesino que levantó la bandera de los derechos humanos desde la AIUC (Asociación Intendencial de Usuarios Campesinos), y fue detenido ilegal y arbitrariamente, torturado, ejecutado, enterrado y desaparecido en una fosa común junto a otros cuatro campesinos de la vereda San José Obrero del municipio de Fortul por miembros del Ejército Nacional el 16 de agosto de 1989.
Desde su conformación, venimos desarrollando entre otras las siguientes labores de denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, no gubernamentales e intergubernamentales, las violaciones de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que ocurren en la región, contribuimos en la investigación y esclarecimiento de los casos de violación a los Derechos Humanos, realizamos educación y promoción de los Derechos Humanos que contribuya a su defensa y la permanencia en el Territorio, asesoramos y representamos jurídicamente a víctimas y a los familiares afectados por las violaciones a los Derechos Humanos, atribuidos a funcionarios públicos o particulares que actúen bajo su instigación, o con su tolerancia, a fin de procurar verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, promovemos visitas a la región de comisiones nacionales e internacionales a fin de denunciar y verificar las violaciones a los derechos humanos y promover las investigaciones y sanciones; brindamos acompañamiento psicosocial a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, y desarrollamos ejercicios de memoria histórica.
Además, acompañamos a las comunidades en sus justas exigencias por los derechos humanos, y para ello, generamos espacios de interlocución con instituciones del Estado o con organizamos nacionales e internacionales de DDHH, a fin de presentar ante ellos la situación que aqueja a las comunidades, o para hacer seguimiento a las denuncias presentadas. Así como debatir, discutir, proponer y concertar temas relacionados con la política pública en DDHH u otros temas de interés comunitario.
Entre las líneas de trabajo que han venido orientando sus actividades se encuentran la denuncia de la relación entre la exploración petrolera con los DDHH, medio ambiente y la paz en Arauca que es una región que destaca en la producción de este recurso energético ¿Cuáles han sido las principales afectaciones que han generado la explotación petrolera en Arauca y como ha evolucionado en los últimos años está industria en su relación con el territorio y las comunidades?
Las corporaciones petroleras tienen una deuda histórica con el pueblo araucano y del centro oriente, esa deuda es de carácter social, ambiental, humanitaria. Casi 40 años de saqueo indiscriminado de petróleo no se ven compensado en las condiciones de vida de la población. Si vemos el porcentaje de empleo es de solo el 1%, es decir el que menos empleo genera a comparación con renglones como el comercio y el sector agropecuarios.
En cambio, los impactos negativos podemos recordar algunos: el irreparable daño ambiental a la Laguna del Lipa, santuario de flora y fauna, territorio ancestral del pueblo sikuani que hoy se encuentra en gran parte desarraigado territorial y culturalmente, y parte de su población condenado a la indigencia y consumo de sustancias alucinógenas en las calles de Arauca. la financiación de las Estructuras de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación responsables de la judicialización masivas y selectivas de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que desde 2002 a la fecha se ha documentado alrededor de 365 encarcelados, en su mayoría por participar en las movilizaciones contra el Estado y estas empresas exigiendo inversión social y garantías laborales para las comunidades y trabajadores, financiación de estructuras paramilitares, financiación de la fuerza pública para que cuiden sus estructuras energéticas tal es el caso de Batallones Energético y Viales, la financiación de estructuras paramilitares en el territorio del 2000 al 2005.
Durante los últimos años, su responsabilidad en las judicializaciones de líderes no solo es por la financiación de las estructuras de apoyo y de la fuerza pública, sino que se han constituido como víctimas dentro de los procesos penales contra líderes sociales, principalmente contra los líderes que han representado a las comunidades movilizadas en las mesas de interlocución que se han establecido para negociar y dar solución a los pliegos de exigencia.
Arauca es una zona fronteriza con Venezuela donde el conflicto es especialmente intenso y donde se da una alta militarización del territorio con un grave historial de vulneraciones de los DDHH por parte del ejército y la fuerza publica. La Fundación ha realizado un acompañamiento a víctimas del conflicto armado interno, especialmente exigiendo responsabilidad al estado en caso de asesinatos extrajudiciales ante la jurisdicción colombiana e internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Podría especificar cuántas familias han acompañado durante estos años y el número de víctimas que han denunciado en diferentes instancias?
En desarrollo de nuestra labor como defensores de derechos humanos hemos acompañado a más de 100 familias cuyos familiares fueron ejecutados extrajudicialmente, estos casos llevados en la jurisdicción interna de Colombia, sin embargo algunos casos como el de Orlando Bueno Bonet y otros dos ocurridos en Saravena y Fortul, fueron llevados ante la Comisión Interamericana a través de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y se llegó a acuerdo amistoso, el caso José Rusbell Lara cuyo asesinato fue realizado a través de los paramiliares en Tame, y que fue llevado por la Asociación MINGA, también terminó en acuerdo amistoso en la Comisión, el caso por el bombardeo a Santo Domingo fue llevado ante la Corte Interamericana de DDHH y terminó con una condena internacional contra el Estado colombiano por su responsabilidad en esa masacre realizada por la Fuerza Aérea Colombiana.
Así mismo, hemos representado y acompañado más de 300 casos de compañeros y compañeras que han sido objeto de montajes judiciales y han estado o están privados de su libertad.
Una de las razones por las que hacen este trabajo es porque desde el Estado y sus instituciones no se hace una investigación y seguimiento de los casos, ocasionando una impunidad generalizada en materia de violaciones de DDHH, teniendo ustedes que asumir ese papel en la exigencia de responsabilidades. Esta caracterizacion es la que ha dado en Colombia hasta el 2022 puesto que en definitiva ha respondido a la doctrina del enemigo interno y se ha responsabilizado a dichos gobiernos de promover unas prácticas que han sido calificadas de genocidas y crímenes de Estado ¿Qué cambios está experimentando el país con la llegada de Petro y Márquez a la presidencia?
Hemos planteado que este gobierno se recibió con grandes expectativas pues recogía parte de las banderas de lucha de diversos sectores de la clase popular, y que en espacios abiertos de cara a a construcción del plan nacional de desarrollo participamos con el ánimo de incidir y que en ese quedaran incluidas algunas propuestas de impacto que desde los territorios hemos venido trabajando desde nuestros planes de vida y que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las regiones.
En ese sentido, nos hemos dispuesto para participar en los escenarios de interlocución, donde por supuesto se ve un cambio de actitud, más abiertos a la escucha y a atender las exigencias del pueblo movilizado. Consideramos que éste no es un gobierno de izquierda, que es un gobierno de corte liberal, reformista, comprometido con el desarrollo del capitalismo, que es solo una parte del poder instituido, y que, por ello, los cambios estructurales que esta sociedad requiere pues no van a ser posibles en este escenario. Sin embargo, hemos apoyado las reformas o políticas que vayan en beneficio de los intereses de las mayorías de colombianos y colombianas, y seguiremos defendiendo al calor de la movilización los derechos y garantías fundamentales para la vida digna y la permanencia en nuestros territorios.
Durante todos estos años las integrantes de la Fundación se han visto sometidos a una gran presión por este desempeño que no se han quedado en amenazas sino que han llegado al asesinato de cinco integrantes de la misma y un ataque con carro bomba a su sede en Arauca en enero de 2022 que destrozó la misma y la muerte de un trabajador, cuando en la misma se encontraban durmiendo decenas de personas. Usted misma ha recibido amenazas por parte de las FARC-EMC, responsables de dicho ataque con bomba ¿Porqué este ensañamiento con los lidererazgos en Colombia y, en especial, con la Fundación?
La represión contra el movimiento social se suscribe en el marco de la lucha de clases, el modo de producción imperante ha dividido esta sociedad en dos grandes clases sociales, unos pocos que tienen mucho y muchos que tenemos poco o nada. Para mantener este orden de cosas, esa clase dominante que es la minoría, a nivel mundial han establecido un régimen de poder y dominio basado en el terror y la represión. Es así como continúa la doctrina de seguridad nacional y en ella el elemento del enemigo interno, para el imperio y para el Estado colombiano, nosotros somos parte de ese enemigo interno, porque nos oponemos a que el plan de despojo que hace el capital nacional y extranjero de los bienes de la naturaleza, de las tierras, y de los bienes de consumo colectivo, entre otros, se realice sin contratiempos, y al contrario, hemos propuesto y desarrollado a través de la gestión popular un programa comunitario que hemos denominado Plan de vida, con el cual guiamos nuestras acciones sociales, políticas y de gestión para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, hemos propuesto y desarrollado programas y proyectos comunitarios que hacen posible el derecho al agua, al transporte público, a la comunicación y la información, hemos defendido la salud y educación como derecho fundamentales, públicos, de calidad y humanismo.
En una decisión colectiva, consciente y voluntaria decidimos como campesinado erradicar los cultivos de coca en el departamento en un proceso del 2007 al 2010, y con ello le quitamos una excusa más con la que el Estado y el imperio gringo nos agredía (fumigaciones, militarización, encarcelamiento, violaciones sexuales), y en lugar de coca se sembró cacao, plátano, yuca, frutales, ganadería, que hoy tiene a nuestro departamento como uno de los principales productores en cantidad y calidad, y ahora le apostamos a la agroindustrialización de esos productos agrícolas que beneficien al productor primario, entre otros. Por eso históricamente nos han agredido, porque nuestro plan de vida contradice los postulados de muerte que significa el sistema capitalista.
En estos momentos a pesar de que existe la iniciativa de Paz Total del Gobierno del Pacto Histórico, a la cabeza del presidente Petro, en muchas regiones de Colombia se da la paradoja de que si bien se han alcanzado acuerdos importantes como el cese bilateral entre el estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se dan combates entre esta organización insurgente y otras estructuras armadas, como las FARC-EMC, que por su parte adelantan también conversaciones con el Estado, siendo especialmente grave está situación en Arauca. Existen denuncias de la connivencia entre el Estado y las disidencias de las FARC-EP, hasta el punto de considerarlas un instrumento del Estado que se ignora en que medida podría estar al margen de las instrucciones del propio Gobierno ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto?
Claro que sí, hemos denunciado la procedencia de los comandantes de esos grupos en los que se reconfigura el paramilitarismo en el territorio: Antonio Medina se acogió a la Ley de Justicia y Paz y participó como informante en procesos de señalamiento, judicialización y captura de personas que según él participaban con la guerrilla, “Pescado”, comandó un banda paramilitar y es responsable del secuestro, asesinatos y desaparición del exalcalde de Cubará Boyacá y líder comunal Samuel Bohorquez, Arturo Paz, antes conocido en el territorio como “Jerónimo”, quien desertó y desmovilizó antes del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno.
Además, el accionar que han tenido contra nosotros de exterminio tal como lo han desarrollado históricamente el régimen, sus argumentos y demás, coinciden con informes de inteligencia militar que hay contra nosotros para judicializarnos.
