Este pasado miércoles, 3 de febrero, el eurodiputado Miguel Urbán se dirigía a la Comisión Europea en los siguientes términos: “el 18 de enero llegaron al Estado español 16 personas huyendo de la represión que sufren en el Rif. Actualmente, 14 de ellos permanecen detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros -CIE- de Murcia donde, desde el 31 de enero, se han confirmado 3 casos de COVID entre las personas rifeñas. Numerosas ONGS han alertado de que el centro no cumple con las condiciones de higiene y distancia social básicas para evitar la trasmisión de COVID por lo que estas detenciones, ponen en riesgo la salud de personas que no han cometido ningún delito”.
“Recordamos que en el marco de la pandemia, ACNUDH pidió que se redujeran las personas detenidas para disminuir los factores de riesgo. Además, con la alerta sanitaria decretada los abogados no pueden acceder al centro para entrevistarse con sus representados, solicitantes de asilo, lo que dificulta completar de manera adecuada sus expedientes”, indica Reda Benzaza, portavoz de la Plataforma de Apoyo al Rif.
Desde esta Plataforma se preguntan “¿piensa la Comisión europea solicitar al gobierno español que tal y como recomendó ACNUDH, libere a las personas detenidas para que puedan proseguir con sus solicitudes de asilo de manera segura?”, así como “¿considera la Comisión que los hechos descritos vulneran el derecho a la salud y el derecho a solicitar asilo de estos ciudadanos rifeños?”.
“Como Asociación de Refugiados Rifeños en España queremos manifestar nuestra preocupación ante la situación. Desde la llegada de estos activistas a territorio europeo, donde se han enfrentado a una serie de obstáculos, el primero el idioma. Estas personas son de origen rifeño y la oficina de traducción contratada por la policía nacional no les facilito una traducción en su idioma. Solicitamos la inmediata liberación de estos activistas y la admisión a trámite de sus solicitudes. Creemos que es inhumano mantener a cualquier persona encerrada en el marco de este brote de Covid que pone en peligro la salud de todas ellas, máxime cuando no han cometido ningún delito”, concluyen desde la Plataforma.
