Sin justicia para Berta Cáceres, cinco años después

Con motivo este martes del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones ambientales y sociales –entre ellas Ecologistas en Acción– envían una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para instarle a que continúe dando seguimiento a la lucha por la verdad y la justicia en el caso

Cáceres
Fotograma del video de homenaje por el premio póstumo Champions of Earth 2017, de ONU Medio Ambiente. (CC)

El 2 de marzo de 2021 se cumple el quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, activista ambiental y defensora de derechos humanos. Este suceso supuso un duro golpe no solo para la comunidad de defensores y defensoras de las Américas, sino para todo el mundo, ya que reflejaba claramente el arriesgado contexto al que se enfrentaban y se siguen enfrentando las personas defensoras de derechos humanos y del medioambiente.

Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada por liderar una campaña para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica con financiación internacional en un río sagrado para su pueblo lenca. Siete personas fueron declaradas culpables y condenadas el 2 de diciembre de 2019 por su asesinato.

Solo una persona, David Castillo Mejía, está acusada hasta ahora de ser "autor intelectual" de su asesinato, a pesar de que un informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otras personas que podrían haber participado en la planificación del crimen. Castillo Mejía era el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Según el COPINH, los abogados de David Castillo han adoptado medidas dilatorias en reiteradas ocasiones, provocando retrasos en el proceso judicial hasta la fecha. A pesar de la contundencia de las pruebas, la justicia hondureña aún no ha procesado a la familia Atala Zablah, autores intelectuales del crimen y dueños de la empresa DESA.

Por todo ello, diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos –entre ellas Ecologistas en Acción– han enviado una carta a Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, reconociendo el importante papel que su Ministerio ha jugado en el seguimiento de la investigación y el juicio en el caso del asesinato de Berta Cáceres. Asimismo, en la misiva se incluyen varias peticiones a la ministra: instar a las autoridades hondureñas a que cumplan con el debido proceso, garantizando además transparencia y acceso público al proceso judicial, incluyendo la presencia de periodistas y observadores y observadoras.

También solicitan supervisar que la investigación sobre David Castillo sea "rápida, exhaustiva, independiente e imparcial", garantizando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y tomando en consideración todas las pruebas aportadas por las víctimas y sus abogados y abogadas.

Asimismo, reclaman reconocer públicamente la legítima labor que realiza el COPINH y la importancia de su lucha "por lograr la justicia y alcanzar la verdad". E instan a las autoridades hondureñas a que las denuncias de los ataques al COPINH sean investigadas "de forma oportuna, exhaustiva e imparcial a fin de que sus responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia".

Las organizaciones firmantes también han enviado otra carta a Norman García Paz, embajador de Honduras en el Estado español, instando a su país a que se respeten plenamente las garantías del debido proceso legal y a que se lleve a cabo una investigación "imparcial e  independiente".

Ecologistas en Acción reitera su solidaridad con familiares de Berta Cáceres, con el COPIHN y con el pueblo lenca. Asimismo, exige una vez más que se acabe "la persecución y criminalización" de quienes defienden los derechos humanos y el medioambiente.

Honduras es el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Según el último informe de Global Witness, Honduras tiene la mayor tasa per cápita de asesinatos de estos defensores y defensoras en el mundo. Además, el Estado hondureño aún no ha firmado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el primer instrumento internacional vinculante que incluye la protección de las personas defensoras del medioambiente.

Por otro lado, las agresiones denunciadas por la comunidad indígena lenca han aumentado en los últimos años. Entre 2017 al 2020 el COPINH ha presentado cerca de 35 denuncias ante la fiscalía sobre estos hechos sin que hayan sido asumidas acciones legales contra los presuntos agresores.

Para Ecologistas en Acción, "el asesinato de Berta Cáceres no es un caso aislado. Se trata de una situación sistémica por la que cada año cientos de personas defensoras del territorio y los bienes comunes son asesinadas en contextos donde se implementan megaproyectos energéticos, mineros, agroindustriales o de infraestructura. Es necesario poner freno a la impunidad del poder corporativo ante las vulneraciones de derechos humanos".

Organizaciones firmantes de la carta

AIETI, Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra, APDHE, Calala Fondo de Mujeres, CEAR Euskadi, CEAR Comissió Catalana, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteco, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entrepueblos, Ecologistas en Acción, Frontline Defenders, Fundación Abogacía España, Greenpeace, Global Witness, ICID, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Mundubat, PBI Brigadas Internacionales de Paz, Paz con Dignidad, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

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