Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables a siete de los ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres, activista y maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
El Tribunal también condena a cuatro de ellos por tentativa de homicidio del activista Gustavo Castro, único testigo del crimen y que resultó herido durante el ataque producido en la noche del 3 de marzo de 2016 en la casa de Berta, en la ciudad de La Esperanza, al oeste del país.
La sentencia leída en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional establece la culpabilidad de Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores del asesinato de Berta Cáceres.
Sin embargo, absolvió a Emerton Duarte, quien figuraba como uno de los autores materiales del asesinato de la ambientalista hondureña, tras considerar que no había pruebas que lo vincularan con el caso.
Entre los culpables están el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de la empresa de Desarrollo Energéticos (DESA), Sergio Rodríguez Orellana y el teniente retirado del Ejército quien fue director de seguridad de la compañía hasta 2015.
El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019. Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la activista indígena. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, por el intento de homicidio de Gustavo Castro.
COPINH: "La justicia está en deuda con todo el pueblo hondureño, la lucha por la dignidad y la verdad continúa"
Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción de la presa hidroeléctrica, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.
"El veredicto que acaba de emitirse no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro", han afirmado en un comunicado la Familia de Berta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el propio Gustavo Castro y los equipos legales de la causa.
Sostienen que este fallo, que condena a los sicarios y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA, no significa que se ha alcanzado justicia. "Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune", denuncian.
Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, "ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real".
Lo que para la familia y COPINH ha quedado todavía más claro de este proceso judicial, del cual fueron expulsados "debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales", es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, "están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres".
En este sentido, a través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de Berta Cáceres en el juicio. Además, condenó las demoras de la Justicia hondureña en la causa de Berta Cáceres. Según el documento, la exclusión en el juicio de la familia y la COPINH "socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad".
Desde COPINH advierten que su participación como víctimas "es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado" y critican que "al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace". Durante el juicio "fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación".
Esto "también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras", subrayan.
"¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad?", preguntan al Estado y sus instituciones.
La familia y COPINH exigen que sean llevados ante la justicia "todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen".
En su opinión, "con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos".
En el comunicado ponen de manifiesto que "la impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la dignidad, la verdad y la justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo". "La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño", concluyen.
Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte.https://t.co/fD3RqlEk79
— COPINH (@COPINHHONDURAS) November 29, 2018
Ecologistas en Acción: "Ha habido condenados, pero no justicia"
Ecologistas en Acción se ha sumado a la condena del COPINH para denunciar las irregularidades de todo el proceso. También para señalar que el Ministerio Público de Honduras tiene en su poder información respecto a la vinculación de otros actores de la estructura criminal relacionados con la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.), responsable del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca contra el que Berta Cáceres, como activista del COPINH, estuvo luchando durante sus últimos años.
La organización ecologista ha publicado un manifiesto en el que enumera una lista de puntos por los que el proceso judicial ha sido irregular: impedimentos para que la representación privada de la familia accediera a pruebas recabadas por el Ministerio Público, la falta de análisis de la mayoría de objetos incautados o dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, son algunos de ellos.
Para Ecologistas en Acción el Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido que se garantice una investigación "diligente, independiente y conforme al debido proceso", para que "se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias" en torno al asesinato de Berta Cáceres.
