Han pasado dos meses desde que el texto de la Ley de Residuos y Suelos contaminados entrase en el Congreso español, pero todavía no se han votado las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El plazo se ha ampliado hasta septiembre, mes que simboliza la reválida para superar asignaturas pendientes de esta ley.
El borrador de esta ley comenzó a preparase a principios de 2020 pero fue tras el confinamiento cuando pasó por el Consejo de Ministros y Ministras para iniciar así sus trámites. En abril pasó por el Consejo de Estado. Se trata de una normativa ligada a los principios de la economía circular. La última de las opciones para un residuo será, precisamente, la de convertirse en residuo ya que se pretende acabar con el concepto de usar y tirar. También incluye medidas para acabar con los suelos contaminados, un plan de eliminación del amianto o incrementar la recogida por separado de distintas fracciones de residuos.
Otro objetivo de esta ley es la del “quien contamina paga”. Se establecen nuevos impuestos a los envases de plástico no reutilizables (0,45 euros por kg) o a la incineración (desde 1,50 a 40 euros por tonelada métrica). En 2030 también se espera que se reduzca sustancialmente la venta de productos con plásticos y aumentar el uso de este material en forma de reciclado.
También incluye aspectos al llamado turismo de residuos de unos territorios a otros (deshacerse de los residuos en el municipio vecino para evitar el pago de desechos). Asimismo recoge también una parte de reducción de desperdicio alimentario, de un 20% en 2030 con respecto a 2020, e incorpora cambios en la responsabilidad de la gestión de residuos en el sector pesquero.
Asignaturas pendientes
La Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider Foundation considera que, en materias como la prevención, la reutilización y la responsabilidad ampliada del productor, el proyecto de Ley debe establecer objetivos más ambiciosos y vinculantes, y situar así al Estado en línea con el residuo cero.
Esta Alianza demanda una mejora en cinco materias de cara a septiembre. La primera, en prevención y reutilización. “La prevención de residuos debe ser una estrategia prioritaria de la nueva ley”, consideran, incorporando objetivos específicos por flujo de residuos y medidas concretas que den un giro de 180 grados al modelo actual, “basado en el derroche de recursos naturales y la gestión ineficiente de los residuos, ambas con graves impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas”.
El texto debe poner fin a la obsolescencia prematura de los productos, exigiendo la puesta en el mercado de productos reparables, reutilizables y, en última instancia, reciclables. También se debe garantizar el derecho a un consumo sin envases de un solo uso, fomentando la venta a granel y los envases rellenables y reutilizables en establecimientos comerciales.
Sobre la responsabilidad ampliada del productor, consideran que urge garantizar que las empresas que ponen en el mercado sus productos asuman de manera efectiva el 100% del coste de su gestión y que este no se traslade a los municipios y las personas contribuyentes. Al mismo tiempo, se debe garantizar el incumplimiento de este objetivo mediante sistemas de control, trazabilidad y transparencia, y ampliar la responsabilidad a otros flujos como textil sanitario, muebles, colchones, cápsulas de café, maquinillas de afeitar o papel entre otros.
En los sistemas de depósito, es necesario que las personas consumidoras recuperen a partir del 1 de enero de 2023 su derecho a devolver latas, botellas y bricks a las tiendas para evitar así su abandono masivo en los entornos naturales y marinos y cumplir con los objetivos de las directivas europeas.
En cuanto a las competencias para los territorios, se debe respetar la competencia autónoma para la aplicación de medidas de protección del medio ambiente más allá de lo que establezca la propia ley.
La Alianza también aspira hacia el fin del vertido y la incineración. “La nueva ley debe poner fin a la actual supremacía de los tratamientos finalistas en el Estado español, vertido e incineración, como exige la normativa europea. Para ello, el nuevo impuesto al vertido, la incineración y la coincineración debe tener carácter finalista y un formato progresivo anual”, apuntan.
Recuerdan que a fecha de hoy, la Unión Europea tiene al Estado español en el punto de mira por acumular diversos retrasos en la trasposición de las directivas de residuos que pueden causar multas millonarias. “Si aprueba estas asignaturas pendientes, España puede cambiar tanto su realidad como la percepción comunitaria respecto a la gestión de los residuos y dar un impulso real hacia un nuevo escenario más transparente, eficiente y sostenible”, señala la Alianza Residuo Cero.
