El Gobierno y Junts han acordado este martes salvar parte de las medidas incluidas en el decreto 'ómnibus', que rechazó el Congreso de los Diputados la semana pasada tras el 'no' del PP, Vox y Junts al decreto. En concreto, tras una larga negociación, se mantienen las tres medidas principales: revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público y a los municipios afectados por la DANA y por el incendio de La Palma.
Asimismo, se establecen mejoras en el bono social, un aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la prohibición de despidos motivados por el incremento de los costes energéticos, entre otras cuestiones.
En una comparecencia tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez ha avanzado la aprobación del nuevo decreto con 29 medidas sociales, conteniendo "la práctica totalidad" de la norma que tumbó el Congreso. Se quedan fuera otras medidas tributarias y fiscales.
La norma aprobada volverá a votarse en el Congreso dentro de las próximas semanas, pero ahora contará con el respaldo de Junts. Además, el nuevo real decreto-ley incluye novedades como la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y para inquilinos.
Este es uno de los puntos en los que el Ejecutivo de Sánchez ha cedido ante Junts. El 'escudo antidesahucios' se rebaja. Aunque se mantiene la moratoria de los desahucios de familias vulnerables añade unos cambios técnicos que priorizan la posición de los propietarios. "Se prevén ayudas a familias vulnerables así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago a ellos de los desperfectos ocasionados por las ocupaciones", informaba el partido de Puigdemont.
Además, el Gobierno español ha decidido no incluir la prórroga del salario mínimo en el decreto. Defiende el Ejecutivo que en pocos días se va a aprobar la nueva cuantía para 2025 con efectos retroactivos.
Todas estas medidas entrarán en vigor a partir de este jueves, aunque algunas, como la revalorización de las pensiones y el establecimiento de la pensión máxima para 2025, tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Cuestión de confianza
Otra de las cuestiones negociadas con Junts es algo que hasta ahora el Ejecutivo español se había negado: aceptar que la cámara baja tramite la proposición no de ley sobre que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Aunque a efectos prácticos no tendrá ningún valor porque no está claro que vaya a llegar a debatirse en el Pleno del Congreso y porque una cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al Gobierno. Y en este el presidente español fue claro: "No hay necesidad de presentarla".
