El coloquio ha reunido a cerca de un centenar de personas para abordar la importancia de recaudar impuestos con justicia fiscal. En palabras del coordinador general de Izquierda Unida, Álvaro Sanz: “No se puede criminalizar la fiscalidad, porque ese es el mejor camino a la privatización”.
“Si hubiéramos recaudado como la media de la Eurozona, no tendríamos deuda, habríamos superado cualquier crisis pandémica sin problema y sí se puede hacer. En aras de mantener criterios de estabilidad presupuestaria, y otras trampas, el bipartidismo ha consentido que los ricos mantengan sus privilegios”, ha subrayado Carlos Sánchez Mato, profesor de economía de la Universidad Complutense .
En la charla destacó la idea de que no son las familias trabajadoras quienes contribuyen menos que sus homólogas europeas sino más bien las personas de más elevada renta y patrimonio quienes cada vez eluden sus obligaciones. “Y lo hacen gracias a medidas normativas y al fraude fiscal”, recordó.
El artículo 31 de la Constitución Española establece que el sostenimiento de los gastos públicos ha de hacerse entre todas las personas de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
Propuestas concretas para Aragón
Los principios generales establecen que el sistema de ingresos de los territorios no puede implicar privilegios económicos o sociales ni suponer barreras fiscales, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias.
Sin embargo, a lo largo de los años, explicaba Sánchez Mato, se ha exacerbado la competencia de forma desigual de la presión fiscal, beneficiado a las rentas más elevadas en una guerra fiscal desatada entre regiones por atraer contribuyentes mediante el dumping fiscal.
Y ante esta realidad estamos asistiendo “a una rebelión de los más ricos”, asistidos por las formaciones políticas de la derecha y la ultraderecha, para ahondar más en esta injusticia fiscal con medidas regresivas recientemente anunciadas en relación con el impuesto sobre el patrimonio.
Se trata de un tributo estrictamente individual que recae sobre las personas físicas y es complementario del IRPF. Aunque se trata de un tributo estatal, establecido y regulado por el Estado, su rendimiento total se cede a los territorios, así como determinadas competencias normativas.
Esa cesión de competencias ha sido utilizada por la Comunidad de Madrid para despojar de capacidad recaudatoria a un tributo que solo afecta a un 0,5% de habitantes del Estado que acumulan una riqueza de 769.000 millones de euros y por la que pagan únicamente el 0,15% del mismo.
“Es urgente la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema tributario. Impedir que quienes más renta y patrimonio acumulan eludan su responsabilidad para con la financiación de los servicios públicos”, por lo que Álvaro Sanz Remón, portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón Grupo Mixto, formulará una Proposición No de Ley para exigir que las Cortes de Aragón acuerden rechazar las prácticas de los territorios que alientan el dumping fiscal.
También instará al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno español a promover una modificación del actual impuesto sobre el patrimonio, en el marco del Consejo de política Fiscal y Financiera, que incluya la armonización entre territorios, la corresponsabilidad fiscal y la eliminación de las deducciones y bonificaciones a la cuota íntegra del impuesto.
Desde el ámbito municipal, Luisa Boto ha puesto de manifiesto el reto que tiene el municipalismo para la gestión presupuestaria y la conveniencia de que los ayuntamientos pudieran gestionar un porcentaje del IRPF acorde a las necesidades de cada municipio.
