Política

Ricardo García Becerril y Carlos Esco en manos de un tribunal popular

Los que fueran gerente de Plaza y viceconsejero de Obras Públicas de Aragón se enfrentan a la petición de la fiscalía de diez años de prisión acusados de cohecho y malversación por unas supuestas mordidas por valor de 660.000 euros en el denominado caso kartódromo
| 13 marzo, 2017 20.03
Ricardo García Becerril y Carlos Esco en manos de un tribunal popular
Plataforma Logística de Zaragoza.

Este lunes quedaban elegidos los once miembros del tribunal popular que juzgarán al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril, y al exviceconsejero de Obras Públicas de Aragón, Carlos Esco, por cohecho y malversación en la compra de unos terrenos con el fin de integrarlos en la plataforma.

La Audiencia de Zaragoza juzgará si hubo un concierto de voluntades entre estas dos personas y Santiago Becerril, quien también figura como procesado por cohecho y malversación y es esposo de la propietaria del antiguo kartódromo, que era el terreno que se compró, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El fiscal pide diez años de cárcel para Esco, quien fuera consejero delegado de Plaza en la época de Marcelino Iglesias, y otros tantos para Ricardo García Becerril: seis por malversación y cuatro por cohecho.

Además, pide para cada uno de los acusados 15 años de inhabilitación absoluta para empleo y cargo público por malversación y 10 años de inhabilitación, además de 700.000 euros de multa por cohecho.

Por su parte, el empresario Santiago Becerril afronta una condena de un año y medio de prisión al pedir el fiscal para él la atenuante de confesión.

Según la versión de la Fiscalía, la sociedad Plaza, participada en un 51 por ciento por la Diputación General de Aragón (DGA), adquirió en 2004 por 6,3 millones de euros una finca en Zaragoza donde se ubicaba el kartódromo y que posteriormente sería valorada pericialmente en 2,3 millones de euros.

El fiscal sostiene que Plaza entregó presuntamente este dinero en tres pagarés distintos a Santiago Becerril, quien extrajo en efectivo del banco, también en tres veces, más de 660.000 euros, el equivalente aproximado al diez por ciento de la operación.

El Ministerio Público explica que estos hechos, relativos a las entregas de dinero en efectivo a Ricardo García Becerril, que, posteriormente se lo repartió con Esco, fueron puestos de manifiesto de forma espontánea por el acusado Santiago Becerril en una comparecencia, en calidad de testigo, ante la policía, según el escrito de la fiscalía.

Según las declaraciones del empresario, él se encargaba de cobrar los pagarés, para después entregar una comisión a Ricardo García Becerril en un hotel situado frente al Teatro Principal de Zaragoza. El importe total de estas mordidas ascendió a los 660.000 euros, que supuestamente García Becerril se repartió al 50% con el exconsejero delegado Carlos Esco.

El juicio involucra a los dos altos cargos de la administración aragonesa, y en él están personadas como acusación particular, tanto la sociedad Plaza como el propio Gobierno de Aragón. Sin embargo, sigue quedando la duda de por cuántas manos pasó la adjudicación, informes y tasaciones.

En febrero de 2004, Javier Velasco, entonces presidente del Consejo de Administración de Plaza, trasladó al Consejo la propuesta de García Becerril de comprar dichos terrenos a un precio de 6.310.628, euros lo que fue acordado en dicho consejo por unanimidad. Un día antes de esta decisión fueron firmados los pagarés que constituían el modo de pago de la finca. Tres pagares de la entonces Caja de Ahorros de la Inmaculada por importe de 2.103.542 euros cada uno.

Tal y como han demostrado las pruebas periciales su valor de mercado ronda los 2 millones de euros, y sorprende, que fuera adquirido por 6,3 millones, cuando la primera oferta hecha por Escó y Becerril fue de 4 millones de euros, un precio que ya duplicaba el valor de mercado de una parcela que ronda las 1.200 hectáreas.

Según informa el auto de la Audiencia, los miembros del Consejo de Administración de Plaza  “confiaban en la gestión de Ricardo García Becerril”, quien “fijó el precio de la finca sin pedir valoración económica o peritaje, ni aportar al Consejo informes técnicos o periciales”. También confiaban en Esco, “ejecutor de los acuerdos de la sociedad y que tiene las mismas facultades que al Consejo corresponden”.

Desde este lunes, son aquellos hombres de confianza, García Becerril y Esco, quienes se enfrentan a una petición de penas de prisión de diez años y serán juzgados por un tribunal popular.

13 marzo, 2017

Autor/Autora

Integrantes del Consello d´AraInfo (@maconejos / @chtricas)


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