Arranca la campaña para la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria. Más de 120 plataformas, asociaciones y entidades han firmado un comunicado enviado al Consejo de Ministras y Ministros, así como al Defensor del Pueblo para pedir que el Gobierno español garantice los derechos humanos de esta comunidad que pese a ser una de las más vulnerables, se ha quedado fuera de las medidas sociales.
La lucha de las personas migrantes y refugiadas, que exige al Gobierno la regularización extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca. Hoy, pese al confinamiento para contener al COVID19, siguen movilizadas para que se reconozcan los derechos y la dignidad, y, por ello, interpelan a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana.
Desde una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, han alzado la voz por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y “por quienes quedaron silenciadas en el mar”, recuerdan y añaden “aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales”.
La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufren los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de las condiciones de vida, sobre todo para las casi 600.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular.
En ese sentido, denuncian las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que viven, las cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y colectivos en todo el territorio español. Así se evidenció el pasado mes de febrero por el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando visitó a los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid, -dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de explotación-. El relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto por el mundo y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.
La legislación española se ha caracterizado por dejar fuera a las personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migradas y refugiadas. Estas leyes son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que vivimos en el Estado, independientemente de la situación administrativa. Por esta razón, desde el inicio del decreto de estado de alarma las organizaciones antirracistas vienen denunciando que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes, cortoplacistas e instrumentalistas.
Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por su carácter mercantilista promueve un contrato a “uso y desuso” de los y las trabajadoras migrantes, o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que viven muchas personas “sin papeles”. “Son políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad. Por ello exigimos un cambio de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas”, denuncian las decenas de entidades que han firmado el comunicado y exigen que comience un proceso extraordinario que como principal meidda contemple la regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.
Asimismo piden una resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio y que el Gobierno asegure los procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes.
Todas estas medidas deben servir para priorizar, entre otras cuestiones, el derecho a la vida y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo. Así como la liberación de todas las personas internas en CIEs y CETIs y la anulación de todos los expedientes de deportación y el fin de las actuaciones policiales basadas en la identificación por perfil étnico.
Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español, exigen un sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.
“El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones”, y añaden desde estas entidades, “no podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional. Apelamos a la voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana/ inmigrante, ‘legal/ no legal’, persona/ no persona”.
Frente al virus que no reconoce fronteras, el comunicado pide que “derribemos las políticas que nos sitúan en condición de no derecho, nos racializa y nos invisibiliza” y que impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, “como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida”.
