El Gobierno de Sánchez se niega a publicar la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia

El PSOE incumple así su promesa electoral y recurre ante los tribunales el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar los cerca de 35.000 inmuebles inscritos de forma irregular. Recuperando asegura que es “la moneda de cambio para negociaciones con la jerarquía católica”.

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Conjunto Monumental de San Juan de los Panetes en Zaragoza. Foto: Laicismo.org

Este miércoles se ha dado a conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido ante los tribunales el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia elaborado por el Colegio de Registradores. El recurso que ha sido admitido a trámite defiende que la ley señala que no es obligatorio publicar la información que está en curso de elaboración.

La respuesta de la coordinadora de Recuperando, que integra a más de una veintena de entidades, no ha tardado en llegar y ha valorado esta decisión como “inexplicable”. La lista ya suma unos 35.000 inmuebles que la Iglesia inscribió a su nombre de forma irregular entre 1998 y 2015 y, según ha explicado el Gobierno, se la entregará al Congreso cuando la tenga acabada.

Para Recuperando esta decisión es una estrategia para “blindar, de facto, uno de los privilegios de la Iglesia católica gracias al cual los obispos han registrado decenas de miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, con su única autocertificación y sin aportar títulos de propiedad”.

La publicación de esta lista y la recuperación de los bienes era una de las medidas del programa electoral del PSOE que, como recuerda la coordinadora, aprobó en 2017 una proposición no de ley en el Congreso español instando al Gobierno a publicar la lista de inmatriculaciones.

“Este giro insólito del Gobierno evidencia - en opinión de Recuperando - que Pedro Sánchez está utilizando el escándalo de las inmatriculaciones como moneda de cambio para negociaciones inconfesables y en la sombra con la jerarquía católica”. Para la coordinadora ciudadana, ni la nulidad de las inmatriculaciones ni la naturaleza de los bienes de dominio público son asuntos negociables porque ambas atentan contra la legalidad constitucional.

Recuperando estudiará las vías legales o administrativas que tiene a su disposición para reclamar la publicación del listado completo de inscripciones, tal como determinó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en virtud de las leyes que garantizan el derecho al acceso a la información pública.

Además de miles de bienes de interés cultural, la Iglesia ha inmatriculado igualmente infinidad de huertos, viviendas, casas parroquiales, cocheras, cementerios e incluso plazas públicas. La publicación del listado permitiría a los ayuntamientos conocer el volumen real de lo expoliado y reclamar bienes que han sido históricamente de su dominio.

Recuperando celebró el pasado 16 de noviembre en Sevilla su IV Asamblea Estatal con la asistencia de casi un centenar de representantes de diez territorios. Según los cálculos de la organización, los bienes inmatriculados por la Iglesia católica podrían ascender a más de 100.000 desde el año 1946.

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