Recomendaciones de Amanar Asesoría para entidades sociales, personas autónomas y trabajadoras por cuenta ajena

Desde Amanar Asesoría Cooperativa, entidad de la economía solidaria aragonesa, queremos trasladar, ayudar a interpretar, y sugerir diversas recomendaciones, respecto a las medidas de apoyo recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Foto: Amanar Asesoría

Recogemos aquellas que nos parecen más relevantes para las entidades sociales con actividad económica, personas autónomas, y trabajadoras por cuenta ajena. Nos hubiera gustado también incluir en este resumen a otros colectivos como el de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados, pero su especial vulnerabilidad, no ha sido protegida en este Decreto.

Recordamos en primer lugar, que siguen en vigor las medidas aprobadas con anterioridad entre las que destacamos:

  • La consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 recogida en el Real Decreto Ley 6/2020. La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta y el derecho a esta prestación lo tienen tanto las personas trabajadoras por cuenta propia (autónomas) como las trabajadoras por cuenta ajena. En estos casos pues, tanto si eres portador del Virus COVID-19 como si te han decretado aislamiento, puedes coger la baja médica y recibir una prestación del 75% de tu base de cotización desde el primer día de baja y mientras dure la misma.
  • Por otro lado, el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, recoge unas medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Entre otras, y en lo que puede afectar más a las entidades de economía social solidaria y autónomos/as, recoge el aplazamiento del pago de impuestos durante seis meses, con tres de carencia, y por un importe de hasta 30.000 euros. Durante los meses de carencia no se tendrán que abonar intereses.

Si tu entidad está manteniendo su actividad y requiere el desplazamiento de personas trabajadoras al centro o centros de trabajo, te recomendamos expedir un certificado de desplazamiento laboral para justificar ante las autoridades el desplazamiento. Te apuntamos algunos enlaces con modelos que puedes utilizar: Modelos de certificado desplazamiento laboral

Respecto al Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, publicado el día 18 en el BOE, destacamos lo siguiente:

PREFERENCIA DEL TRABAJO A DISTANCIA

El Artículo 5 recoge el carácter preferente del trabajo a distancia como objetivo prioritario para garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria.

En particular, las entidades tenemos que establecer sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente al cese temporal de personas trabajadoras o reducción de la actividad.

Para facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Nuestra recomendación es que aprovechemos la actual situación para repensar algunos de nuestros procesos. Si bien es cierto que nuestras entidades necesitan de un “contacto físico cotidiano” para fortalecer lo colectivo, también es cierto que, en general, tenemos diversos procesos y tareas en los que esto no es tan prioritario. Favorecer la conciliación de nuestra vida laboral, personal, familiar, militante, etc., es condición indispensable para vivir una vida que merezca ser vivida y demostrar que otra economía es posible.

Decir también a este respecto, que el Decreto-ley 8/2020 recoge diversas medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes como el asesoramiento, la formación y otras medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes (Plan Acelera)

ADAPTACIÓN DE HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

El Artículo 6 recoge el DERECHO de adaptación del horario y reducción de jornada de las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora. Las personas trabajadoras tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa.

El derecho corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma,, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

Nuestra recomendación es que las entidades sociales, faciliten en todo lo posible la adaptación de horarios y/ reducciones de jornada de las personas vinculadas a ellas. Más allá del derecho de las personas, tenemos que facilitar siempre fórmulas que pongan la vida y el bienestar de las personas en el centro.

Recordamos también que las reducciones de jornada, implican por lo general una reducción proporcional de las retribuciones y de las cotizaciones.

Para ampliar la información os recomendamos la lectura de: Las relaciones laborales en la crisis del COVID-19 y nuestros derechos como personas trabajadoras elaborada por CGT

Si aún con las medidas y recomendaciones anteriores, tu entidad/actividad se ve afectada económicamente de manera directa o indirecta por la situación actual, puedes acogerte a alguna de las medidas urgentes extraordinarias que se han decretado para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Estas medidas extraordinarias tienen por objeto evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo.

Sobra decir que a estas medidas se pueden acoger por causa de fuerza mayor SOLO aquellas entidades y personas Autónomas que tengan pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. No son, por tanto, medias destinadas a paliar los problemas estructurales que tuviera una entidad con anterioridad, ni tampoco deberían ser medidas para que las grandes empresas, aprovechen la coyuntura actual para reducir sus costes y mantener o ampliar sus beneficios a costa del sistema público.

Resumimos a continuación las que entendemos que pueden afectar más a las entidades sociales y personas autónomas:

Prestación extraordinaria por cese temporal de actividad para personas autónomas

Se trata de una prestación extraordinaria por cese de actividad para las personas trabajadoras autónomas (incluidas las socias de cooperativas) afectadas por declaración del estado de alarma de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

Se trata de una medida de carácter excepcional y vigencia limitada con efectos a partir de 18 de marzo de 2020, aplicable en los siguientes supuestos:

  1. Personas trabajadoras Autónomas cuyas actividades hayan quedado suspendidas conforme se indica en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio)
  2. Personas trabajadoras Autónomas que realicen actividades de ocio conforme se indica en el Anexo del referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  3. Personas trabajadoras Autónomas que realicen actividades de hostelería y restauración.
  4. Personas trabajadoras Autónomas que su facturación, en el mes anterior al que se solicita la prestación, se vea reducida al menos en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Un dato importante a tener en cuenta es que no se considerará cese de actividad si la actividad continúa realizándose por internet pues no sería una actividad suspendida (aunque se haya paralizado la atención directa al público) En este supuesto, sólo podría acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad si su facturación se ha reducido sustancialmente (75 por ciento respecto al promedio del semestre anterior.

La prestación se puede solicitar desde el 18 de marzo de 2020 y tiene la duración inicial limitada a un mes, o en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.

El requisito principal para acceder a esta prestación es el estar afiliadas y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma en el Régimen Especial de Personas Trabajadoras Autónomas y estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social. No es preciso tener la cobertura por cese de actividad ni se exige carencia mínima para tener acceso a la prestación. Tampoco es preciso darse de baja de actividad económica en Hacienda.

En el caso de tengáis personas trabajadoras a vuestro cargo, deberéis realizar un ERTE y a su vez, solicitar el cese de actividad.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora si se acredita periodo mínimo de cotización o bien, del 70% de la base mínima de cotización si no se acredita.

El tiempo de percepción de esta prestación se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Decir también que esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

Nuestra recomendación es que las personas Autónomas recogidas en los puntos 1,2 y 3 anteriores, realicéis ya la solicitud de prestación que gestionará la mutua en la que estéis adheridas.

Las personas autónomas que podáis estar incluidas en el supuesto 4, no podréis realizar la solicitud hasta que no podáis acreditar el descenso de vuestra facturación en al menos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

El Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo en sus Artículos 22 y 23, recogen diversas medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor relacionadas con el COVID-19 o bien, por causas económicas, técnicas o de producción.

Un ERTE por causa de fuerza mayor es una suspensión temporal del contrato de trabajo en unas condiciones especiales solicitándolo la empresa a la autoridad laboral pertinente. Las causas de fuerza mayor son debidas a causas externas como incendios, pandemias, terremotos, inundaciones o a cualquier otra causa ajena a la actividad de la empresa y que difiera en su día a día, siendo esa situación imprevisible e inevitable.

Si vuestra entidad se ha visto o se viese afectada en la necesidad de suspender su actividad de manera total o parcial, ya sea por decisión de las Autoridades Sanitarias (declaración del estado de alarma, que implique la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados)

Un ERTE por causas económicas, técnicas o de producción lo podría presentar una entidad cuando vea afectada su actividad a causa del COVIT-19, por ejemplo:

  • Por pérdidas económicas
  • Por la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial como consecuencia de la afectación por el coronavirus de empresas proveedoras o suministradoras.
  • Por un descenso de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto o un exceso o acúmulo de productos fabricados, como consecuencia de la disminución de la actividad por parte de empresas clientes.

Los ERTEs podrán ser de suspensión total o parcial de la jornada o de reducción de la misma, y pueden recoger a la totalidad de la plantilla o a una parte de ella,

En todo caso, cualquiera que sea la causa, la empresa deberá seguir el procedimiento establecido por la autoridad laboral y se iniciará mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral, acompaña de los medios de prueba necesarios, y comunicación simultánea a los representantes de la plantilla.

Apuntamos a continuación algunos documentos útiles que os pueden ayudar en el trámite de los ERTE:

Notas sobre la Presentación de ERTE (Asociación de Asesorías)

Síntesis de Documentación para el trámite de ERTE por Fuerza Mayor (Asociación de Asesorías)

Pautas legales y jurídicas ante la situación de pandemia del COVID-19 (Autonomía Sur Cooperativa)

Las relaciones laborales en la crisis del COVID-19 y nuestros derechos como personas trabajadoras elaborada por CGT

El Real Decreto recoge entre otras medidas que todas las personas trabajadoras afectadas por un ERTE podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo necesario para ello. Del mismo modo restablece que este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles prestaciones futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores afectado por un ERTE tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus.

Para que la autoridad laboral conceda el ERTE, nuestra entidad / sector debe estar afectado por la declaración del estado de alarma y el coronavirus. El plazo de resolución del ERTE se ha reducido a cinco días desde su presentación para los casos de ERTE por fuerza mayor (en el caso de los ERTE por causa económica, técnica, organizativa y de producción será de siete días)

Sí la resolución de la solicitud de ERTE por parte de la Autoridad Laboral es favorable, la entidad se beneficiará de la exoneración de cotizaciones sociales (tanto de la parte empresarial como la que corresponde a las trabajadoras mientras se mantenga esta situación excepcional) Si la entidad tiene menos de 50 personas trabajadoras, la cotización por los contratos suspendidos y las jornadas reducidas es cero euros. Si tiene más de 50 personas trabajadoras, únicamente tendrán que cotizar por el 25% de estos contratos suspendidos o jornadas reducidas.

Una vez superado el periodo del ERTE, se reiniciará la actividad laboral con la misma plantilla que había al solicitarlo y por norma general, no se podrá despedir tras el ERTE a las personas afectadas por el mismo.

LOS ERTES EN LAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES, ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL…

Las Cooperativas que están en el Régimen de Autónomos podrán hacer un ERTE con sus trabajadores/as exactamente igual que el resto de las empresas. Las personas socias trabajadoras podrán solicitar el cese de actividad igual que pueden hacerlo el resto de personas Autónomas.  Recordad que el cese de actividad tiene que ser acordado en Asamblea General.

Las Cooperativas y Sociedades Laborales que están en el Régimen General de la Seguridad Social podrán hacer un ERTE tanto con las personas trabajadoras como con sus socias de trabajo. Para las socias trabajadoras, se suspende la relación societaria de forma temporal y accederán igualmente a la prestación por desempleo.

Es de suponer que a las cooperativas y sociedades laborales que se vean obligadas a realizar un ERTE y que hubiesen recibido subvenciones para la creación de empleo por incorporación de personas socias, no les será computable este periodo a los efectos del compromiso de mantenimiento del empleo de al menos dos años (en el caso de Aragón) Este es uno de los puntos que, hasta el momento, el decreto no aclara.

En el caso de Asociaciones y Fundaciones con personal asalariado, Empresas de Inserción Laboral o Centros Especiales de Empleo podrán igualmente acogerse a un ERTE si se ven obligadas a ello por la situación excepcional actual. En el caso de las empresas de inserción y centros especiales de empleo, es de suponer también, que mientras dura esta medida excepcional y temporal, no se tendrán en cuenta los porcentajes de colectivos con discapacidad y/o en riesgo de exclusión que exigen sus normativas. A este respecto, tampoco aclara nada el decreto publicado.

Nuestra recomendación es que, aquellas actividades y entidades que por causas de fuerza mayor tengáis cerradas o paralizadas totalmente vuestras actividades (y que, por tanto, no podáis implementar otras medidas como el Teletrabajo para continuar con vuestra actividad) solicitéis a la Autoridad Laboral el ERTE por fuerza mayor por el tiempo que dure el estado de alarma.

Para el caso de entidades que no lo pudieran solicitar por fuerza mayor, y que pudieran entrar en las opciones recogidas para los ERTE por causas económicas, técnicas y productivas, recomendamos preparar bien la justificación de esas causas antes de su presentación.

En cualquier caso, tenéis que seguir y cumplir siempre con las normas y procedimientos establecidos por la Autoridad Laboral y los recogidos en el Estatuto de los trabajadores. Animamos también a las entidades a utilizar estas medidas solo en los casos estrictamente necesarios. Recordad que las personas afectadas por un ERTE verán mermada su retribución mensual por lo general al estar en desempleo. Seamos creativas e imaginativas, seguro que aspectos de índole interno de nuestras organizaciones a los que no les podemos poner dedicación y cariño por la vorágine cotidiana de nuestras actividades. Para algunas, este momento de parón de la actividad externa, puede ser una oportunidad para desatascar y repensar aquellas cosas importantes organizativas y estratégicas que solemos posponer.

ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJAN EN EL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, SANIDAD, ETC.

Algunas de las medidas aprobadas en el Real Decreto del 17 de marzo son: (Fuente CEPES)

  1. a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria.
  2. b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.
  3. c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.
  4. d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de los mismos.
  5. e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
  6. f) Adquisición de medios de prevención (EPI).
  7. g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción.
  8. h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.
  9. i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.

Por último, apuntar también que el DECRETO-LEY 8/2020, recoge en su Artículo 40, también como medida excepcional lo siguiente:

SOBRE LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS, REUNIONES DE CONSEJO RECTOR, JUNTAS, PATRONATOS, ETC., DURANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas.

Os apuntamos para estos casos unos “modelos de certificación de acuerdos por si os son de utilidad:

Modelo para el caso el caso de que se pueda celebrar la Reunión de Consejo Rector / Junta Directiva por medios virtuales:

“Dadas las actuales circunstancias del estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo y reunido el Consejo Rector/Junta Directiva en fecha ……… con la asistencia de ………….., previa convocatoria de fecha ………….….. y celebrada a través de medios virtuales, se llegaron a los siguientes acuerdos...............”

Modelo para el caso el caso de que se pueda celebrar la Asamblea General por medios virtuales:

“Dadas las actuales circunstancias del estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo y reunida la Asamblea General en fecha ……… con la asistencia de ………….., previa convocatoria de fecha ………….….. y celebrada a través de medios virtuales, se llegaron a los siguientes acuerdos...............”

Cuidar y cuidaros mucho.


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