Este jueves, la Asociación Red de Apoyo al Agua Pública de Aragón (RAPA) ha comparecido en las Cortes de Aragón con motivo del comienzo de la tramitación parlamentaria del Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales (IMAR).
RAPA ha venido sosteniendo que lo coherente es combinar una tasa municipal para aquellas poblaciones que gestionen su propio sistema de depuración por el coste real del servicio, una tasa a nivel de Aragón que pagarían aquellas poblaciones cuya depuración esté gestionada por el Gobierno de Aragón y un impuesto que pagaría toda la ciudadanía pero de importe muy inferior al actual.
La tasa general, como las locales, tiene sentido que sea progresiva, según RAPA, conforme a tramos de consumo. Calculan que su importe podría ser similar a la tasa de saneamiento de Zaragoza, inferior a las tarifas propuestas para el nuevo IMAR. El impuesto universal para contribuir a los gastos generales del sistema “debería ser mucho más sencillo en su concepción”.
En RAPA valoran que pudiera cifrarse en 0,10 euros por metro cúbico de agua y año o, lo que es lo mismo, entre 5 y 7 euros al año por habitante de media, no los 40-45 euros/año por habitante del IMAR. Lo pagarían por igual todos los hogares y usos asimilados. La suma de ambos componentes para los hogares no debería superar la media de lo que se paga en el Estado en concepto de depuración de aguas residuales.
El IMAR y sus tarifas progresivas
En las simulaciones que RAPA ha realizado sobre datos reales, el IMAR, salvo en hogares unipersonales, acaba suponiendo una reducción nula o irrelevante al pago total de tarifas por producción de aguas residuales.
La progresividad en las tarifas de abastecimiento y saneamiento tiene sentido “cuando se factura a través de una tasa los servicios prestados, porque sus costes son proporcionales a lo que se consume y su disminución redunda en una mayor eficiencia y ahorro. Así lo ha defendido siempre RAPA”.
La propuesta de RAPA no cubriría la totalidad de los gastos actuales, pero el Gobierno de Aragón “no debe cargar en las espaldas de los aragoneses las consecuencias de los errores cometidos en el pasado, sino hacerse corresponsable de los mismos, en los mismos términos que se lo exige a la ciudadanía”. Una parte de los sobrecostes “injustificados” (hasta llegar al tope a establecer por Ley de la media nacional) sería cubierto por la ciudadanía a través de un impuesto, “pero el resto debe salir de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma”.
RAPA también ha expuesto las ventajas de este impuesto “frente al sistema continuista” que se propone. Por ejemplo, los ciudadanos y empresas dejarían de sufrir los sobrecostes de una planificación sobredimensionada; los ayuntamientos se verían fuertemente estimulados a asumir sus obligaciones para ofrecer servicios a precios razonables a su población, dejando de engrosar los costes generales del sistema y apoyándolos a través del impuesto general; el Gobierno de Aragón, “interesado en liberarse cuanto antes de la carga presupuestaria”, haría todo lo posible por favorecer el tránsito a un sistema sostenible de gestión descentralizada; Zaragoza podría, sin el exceso de presión fiscal provocado por el ICA-IMAR, actualizar sus tasas e invertir todo lo necesario en su ciclo urbano del agua para asegurar la salud de su población y desactivar el grave daño ecológico que ya se cierne sobre las aguas del curso medio del Ebro, en beneficio de todo Aragón.
Un historial de sobrecostes
En la Memoria Económica presentada por el Instituto Aragonés del Agua exponen que la causa principal del sobrecoste está en que en las 139 depuradoras construídas y explotadas en régimen de concesión de obra pública Aragón gasta cada año casi 41 millones de euros.
Se basa en un modelo centralizado, tecnológicamente complejo y económica y energéticamente insostenible que ha provocado que las depuradoras puestas en servicio por el Gobierno de Aragón tengan un coste abusivo: 2,77 euros/m3 de agua tratada, cuando el coste medio anual facturado por el saneamiento en el Estado español ronda los 0,92 euros/m3, en Zaragoza 0,75 euros/m3 y en Favara 0,65 euros/m3.
RAPA recuerdan que quedan cerca de 400 núcleos de población de menos de 1.000 habitantes sin depuración adecuada o “que el Gobierno de Aragón aún está afanándose en liquidar su Convenio de Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente para acometer las depuradoras del Pirineo, en ocasiones con inversiones muy dudosas que van a incrementar notablemente los costes generales del sistema o que la propia gestión centralizada del sistema tributario definido ofrece costes de gestión, a nuestro juicio perfectamente prescindibles (la mayoría vinculados a la gestión del impuesto)”, que ya superan cada año los 3 millones de euros.
De hecho, las nuevas depuradoras proyectadas ya implican un coste suplementario de 21,8 millones de euros/año.
Aunque con el IMAR proyectado se experimente un levísimo descenso transitorio en la recaudación y, por consiguiente, en la presión fiscal en el año 2023, la Memoria Económica desvela que en 2019 la recaudación ascendió a 59,70 millones de euros, pero las necesidades de gasto, teniendo en cuenta las depuradoras pendientes, ascienden a 83,8 millones de euros/año.
“No alcanzaremos un sistema eficiente y sostenible si no afrontamos el problema en su raíz, si no reconocemos y revertimos las causas que nos han conducido al sistema de depuración y al consiguiente tributo más caro de España”, señala la asociación.
A su entender la clave estaría en estimular con decisión la descentralización de la gestión favoreciendo que los Ayuntamientos, con las ayudas necesarias, asuman sus propias competencias en la construcción y gestión de los sistemas de saneamiento y depuración premiando y promoviendo sus mejores prácticas.
RAPA seguirá “con la mano tendida al diálogo”, pero dispuesta a continuar luchando si el Gobierno persista en imponer “servidumbres fiscales injustas y desproporcionadas” para sostener un negocio ineficiente que solo beneficia a las grandes compañías del agua.
