Puyalón exige un ente público aragonés de la energía que controle las centrales hidroeléctricas con concesiones caducas

Plantea que esta empresa energética pública aragonesa debe ser la responsable de iniciar los procesos de reversión de aquellas centrales hidroeléctricas con la concesión caducada, anteponiendo los intereses sociales y medioambientales

CHE
Las concesiones de 19 de las más de 300 centrales hidroeléctricas de la cuenca del Ebro caducan en los próximos siete años.

Desde Puyalón de Cuchas denuncian que diversas centrales y presas hidroeléctricas aragonesas se irán incorporando a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en los próximos años. En concreto son 19 las centrales que hasta 2027 van a ver caducada su concesión. Algunas, como Lafortudada, han quedado paradas por una prorroga de dudosa legalidad que finalmente se revertió. En todo caso las más grandes de la cuenca como Mequinensa, Ribarroja o Moralets no lo harán hasta 2061, ya que la ley que ponía fin a las concesiones por perpetuidad entró en vigor en 1986.

“Todos estos recursos energéticos no pueden pasar a gestionarse por un ente como la CHE, que se ha demostrado más que incapaz de trabajar por una Cuenca Hidrográfica sostenible, libre de los lobbys capitalistas de la construcción, agricultura y energía”, dicen desde la organización política.

La legislación vigente (Ley de aguas de 2001 y Ley de patrimonio de las administraciones públicas de 2003) marca que el período concesional de estas infraestructuras generadoras de energía debe ser de un máximo de 75 años, sin prórrogas desde su puesta en marcha. Pasado este período, se extinguirá automáticamente el derecho de aprovechamiento privado y procederá a la reversión pública, de forma gratuita y libre de cargas, de todas las instalaciones que supongan el aprovechamiento hidroeléctrico.

Desde Puyalon reclaman una empresa pública aragonesa que tenga el control público de todo el ciclo de producción, distribución y comercialización de la energía, con el objetivo de que los suministros básicos “sean un derecho garantizado para toda la población y no una mercancía, que facilite la transición ecológica y una gestión clara. El control público de la energía nos permitirá ser soberanos frente a los oligopolios privados”.

En este sentido, también reclaman que el control municipal de minicentrales también “debería ser fomentado por los ayuntamientos”. Animan a ayuntamientos como Bielsa, Campo, Pandicosa, Tella, Sin, Nuévalos o Anyón, “ya no sólo a exigir compensaciones, sino a hacerse con el control y municipalizar minicentrales”.

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