A Rogelio Calavia, un veterano activista zaragozano perteneciente al CUT, le ha llegado una propuesta de sanción de 601 euros por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón por participar el pasado 11 de noviembre de 2020 en la paralización del desahucio de la familia de Ruth y José en el zaragozano barrio de Las Fuentes.
Aquel día un buen número de vecinos y vecinas de Zaragoza acudieron al llamado de la Coordinadora de Vivienda de Aragón para impedir el desalojo de la familia, víctima de la piratería de Ibercaja que rompiendo acuerdos con la familia y las plataformas vendió el inmueble a un pequeño especulador (que lo compró sabiendo que allí habitaba una familia vulnerable).
“Como en todas y cada una de las movilizaciones de la campaña Aragón Sin Desahucios, y como ya es tradición en el movimiento por la vivienda, nadie que participó al llamado solidario ejerció violencia alguna. El movimiento de vivienda siempre enfrenta una violencia única y unidireccional: la de las administraciones públicas y poderes del estado contra las familias vulnerables”, denuncian desde la Coordinadora de Vivienda.
Delegación de Gobierno en Aragón ha aclarado a Arainfo que la sanción es por desobediencia a agentes, la más baja dentro del rango (de 601 a 30.000 euros). Asimismo, añaden que si hay alegaciones se estudiarán.
Las administraciones públicas aragonesas obvian sus propias normas
Así, desde la Coordinadora de Vivienda recuerdan que era un desahucio sin alternativa habitacional “y por tanto una vulneración de los Derechos Humanos, así como de las normas aragonesas vigentes”. A día de hoy la familia sigue sin una solución efectiva tras resistir ya cuatro intentos de desalojo.
“Cuando las administraciones públicas y poderes del estado vulneran los Derechos Humanos, desatendiendo los principios de equidad y necesidad, el único recurso de familias y plataformas para lograr impedirlo es la desobediencia civil pacífica”, y añaden que son miles las familias que han logrado detener desalojos forzosos sin alternativa habitacional gracias a la movilización y solidaridad.
“¿Pretende la Delegación del Gobierno dejar a la intemperie a las familias vulnerables cuando la institucionalidad que ella representa les ha fallado negándoles el derecho a tener un techo?”, lamentan desde la Coordinadora de Vivienda: “Queremos recordarle a Pilar Alegría (la Delegada del Gobierno) que la alternativa habitacional es desde 2016 un derecho reconocido en Aragón (art. 19.1 y 19.2 de la Ley 10/16) y que su propio partido también gobierna la Comunidad Autónoma y es precisamente la administración que está negando la alternativa habitacional”.
La Coordinadora de Vivienda denuncia que “primero te niegan los derechos y después te mandan un gran despliegue policial para garantizar que así sea”.
Esta propuesta de sanción es "un peligroso precedente"
Así lo han calificado desde la Coordinadora de Vivienda: “Nos parece un enorme error y un paso atrás democrático el que pretende dar Pilar Alegría, Delegada del Gobierno de coalición PSOE-UP, con esta ridícula propuesta de sanción basada únicamente en el acta policial”.
Es la primera vez que la Delegación del Gobierno de Aragón hace una propuesta de sanción por una paralización de un desahucio en Zaragoza: “Con anterioridad habíamos sufrido sanciones por parte del Gobierno del PP en la campaña de escraches de 2013, pero nunca -hasta ahora- en el marco de las paralizaciones pacíficas de desahucios”.
Además, desde esta coordinadora aseguran que “ya en junio y julio de 2020 denunciamos un aumento de la presión policial (también judicial) a la hora de ejecutar los desahucios. Con dispositivos y agresividad que no habíamos conocido hasta ese momento en Zaragoza”.
El caso de Xandrú Sánchez
Hace un par de meses, Xandrú Sánchez de la PAH de Fraga también fue propuesto para sanción (de otros 601 euros) por denunciar en redes con un vídeo el racismo institucional en su localidad.
“Esta nueva estrategia de presión amparada por la Delegación del Gobierno ha incluido ataques a la libertad de expresión e información con borrado de vídeos y fotografías de dispositivos tanto de activistas como de periodistas”, llegan a asegurar desde la Coordinadora de Vivienda que también denuncia identificaciones constantes y masivas o la retención durante largos periodos de activistas entre “cordones policiales”.
Por todo ello, exigen la inmediata retirada de la propuesta de sanción para Rogelio y el cese del hostigamiento de las familias vulnerables cuando enfrentan un desahucio sin alternativa habitacional: “También queremos reconocer y agradecer la valentía de las familias y las personas que acuden a evitar desahucios. Tanto como nos avergüenzan las instituciones, sentimos una admiración infinita por nuestra gente”.
Además, hacen un llamado para que cualquier persona que pudiera recibir una propuesta de sanción en el marco de las acciones pacíficas de la campaña “Aragón Sin Desahucios” se ponga en contacto con la Coordinadora de Vivienda de Aragón.
