Las protestas de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes se intensifican con nuevas huelgas de hambre que sitúan en el centro una exigencia: el cumplimiento del dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que en 2023 reclamó la liberación del grupo de Gdeim Izik. La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) ha alertado de una escalada de movilizaciones en distintos centros penitenciarios, así como del deterioro de la situación sanitaria de varias personas presas.
En la prisión local de Bouzakarn, los presos políticos saharauis Abdallahi Ahmed Al-Hafed Toubali y Mohamed Khuna Eddih Babit iniciaron el jueves 30 de abril una huelga de hambre de advertencia de 48 horas. Ambos, integrantes del grupo de Gdeim Izik, exigen la aplicación de la resolución de Naciones Unidas que considera su detención arbitraria e ilegal y reclama su liberación. Según la LPPS, la protesta también denuncia los “daños psicológicos y físicos” derivados de años de encarcelamiento, así como la discriminación racial sistemática sufrida en prisión.
En la misma línea, el preso político saharaui Naama Asfari, encarcelado en la prisión central de Kenitra, secundó también una huelga de hambre de advertencia de 48 horas a partir del 30 de abril y ha anunciado que iniciará una huelga indefinida el próximo 10 de mayo si no se atienden sus demandas. Según su entorno, esta decisión responde al “silencio e indiferencia sistemática” del Estado marroquí ante el dictamen de la ONU, que tres años después sigue sin aplicarse. La huelga indefinida, señalan, busca “enfrentar la injusticia y la ilegalidad” de la detención del grupo de Gdeim Izik y reactivar la atención internacional sobre el caso.
Estas acciones se producen en un contexto de creciente denuncia por la situación sanitaria de los presos políticos saharauis. El pasado 23 de abril, la LPPS informó de que la administración de la prisión de Ait Melloul 2 está negando al preso político saharaui Brahim Dadi Ismaili el acceso a un tratamiento médico prescrito, concretamente el uso de rodilleras necesarias para evitar el agravamiento de sus lesiones en la rodilla y el tobillo. Según la información trasladada por su familia, esta negativa se suma a la denegación previa de sesiones de rehabilitación, en lo que califican de negligencia médica deliberada.
La organización saharaui responsabiliza directamente a las autoridades penitenciarias marroquíes y al Estado de ocupación de la integridad física de las personas presas y denuncia una política sistemática de vulneración de derechos que afecta al conjunto de presos políticos saharauis. En este sentido, subraya que las huelgas de hambre no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de resistencia frente a la represión, el encarcelamiento arbitrario y el incumplimiento de resoluciones internacionales.
El grupo de Gdeim Izik, al que pertenecen varios de los presos en huelga, fue condenado tras el desmantelamiento en 2010 del campamento de protesta levantado a las afueras de El Aaiún, considerado por amplios sectores del movimiento saharaui como un precedente de las revueltas en el norte de África. Años después, organismos internacionales como Naciones Unidas han cuestionado la legalidad de aquellos procesos judiciales, sin que hasta la fecha se hayan aplicado sus resoluciones.
Desde la LPPS insisten en la necesidad de una intervención urgente de la comunidad internacional para garantizar la liberación de los presos políticos saharauis, el respeto a sus derechos fundamentales y el fin de la represión en el Sáhara Occidental ocupado.
