La situación de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes vuelve a situarse en el foco de las denuncias internacionales tras el inicio de varias huelgas de hambre. Según ha alertado la Liga para la Protección de Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), tres personas presas han iniciado protestas en distintos centros penitenciarios del Sáhara Occidental ocupado y Marruecos en respuesta a las condiciones de encarcelamiento y lo que califican como persecución política.
En la prisión de Aït Melloul 1, en Agadir, los estudiantes saharauis Brahim Babit y Salah Eddine Sabbar mantienen desde el 31 de marzo una huelga de hambre indefinida. Según la LPPS, ambos decidieron iniciar esta medida tras “agotar todas las formas de diálogo” con la administración penitenciaria sin obtener mejoras en sus condiciones. La organización expresa “profunda preocupación” por el deterioro de su estado de salud, especialmente ante la falta de información sobre si están recibiendo atención médica adecuada y la pérdida de contacto con sus familias.
La huelga de ambos estudiantes denuncia, entre otras cuestiones, la falta de acceso a la educación dentro de prisión, las restricciones en la comunicación con el exterior, la ausencia de atención sanitaria suficiente y las condiciones materiales de las celdas. También reclaman ser reconocidos como presos políticos saharauis, en línea con su trayectoria de activismo en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
La LPPS enmarca este caso en un contexto más amplio de “persecución sistemática” contra estudiantes saharauis, que, según denuncia, comienza con el acoso policial y continúa con procesos judiciales sin garantías, utilizados para castigar su posicionamiento político.
“Hostigamiento sistemático”
A esta situación se suma la huelga de hambre de advertencia iniciada este lunes 6 de abril por el preso político saharaui El Wali Mohamed Ali Aina en la prisión de El Aaiún ocupado. En este caso, la protesta, de 48 horas, se dirige contra lo que la organización define como una política “discriminatoria y de hostigamiento sistemático” por parte de la administración penitenciaria marroquí.
Según la información recabada por la LPPS, Aina ha sido sometido a condiciones de hacinamiento junto a presos comunes como represalia por su postura política, además de sufrir la retirada de objetos básicos de higiene en lo que consideran un intento de humillación y presión psicológica. El preso fue condenado en 2022 a diez años de prisión tras un juicio que la organización califica de “sumario” y basado en cargos fabricados, vinculados a su activismo estudiantil en la Universidad Ibn Zohr de Agadir.
Ante estos hechos, la Liga responsabiliza directamente al Estado de ocupación marroquí y a las autoridades penitenciarias de la integridad física de los tres presos políticos saharauis y ha instado a organismos internacionales, como Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a intervenir de manera urgente para garantizar sus derechos fundamentales, incluyendo la atención médica, el contacto con sus familias y el respeto a las normas internacionales sobre trato a personas privadas de libertad.
Las huelgas de hambre, subraya la organización, evidencian una situación estructural de vulneración de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y en las cárceles marroquíes, en un contexto marcado por la represión de las voces que defienden la autodeterminación del pueblo saharaui.
