Este pasado lunes, 31 de enero, un grupo de ultraderechistas, empresarios del sector ganadero afines a Vox, copiando las formas violentas de la ultraderecha norteamericana -los seguidores de Trump asaltaron por la fuerza el Capitolio tras perder las elecciones-, asaltaron el Ayuntamiento de Lorca para impedir violentamente la celebración de un pleno municipal.
El violento asalto de los ultraderechistas cogió por sorpresa a los 25 concejales y concejalas que ejerciendo su responsabilidad cívica y democrática esperaban para comenzar un pleno en el que se iba a debatir sobre las nuevas propuestas para establecer restricciones a las macrogranjas de tocinos, limitar la concesión de nuevas instalaciones de este tipo, y fijar la distancia mínima de estas macrogranjas de cerdos con núcleos urbanos.
Sobre las 10.30 horas el grupo de ultraderechistas irrumpió violentamente en las instalaciones municipales agrediendo a los policías locales que custodiaban el edificio público. Una vez saltado el cordón policial y ya en el interior prosiguieron los golpes, empujones y gritos de los ultras “no vais a salir vivos de aquí”. Poco después, la policía local de Lorca, desbordada para la violencia de los empresarios, se vio obligada a desalojar el edificio por razones de seguridad.
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, compareció tras el violento incidente provocado por los ultras afirmando que se trataba de un “atentado a la democracia porque se ha intentado agredir y coaccionar la libre deliberación del máximo órgano de representación municipal de Lorca”, y mostró su repulsa “por las personas que han invadido a la fuerza el Ayuntamiento enfrentándose a la Policía para imponer sus ideas”, añadiendo que “el pleno se ha suspendido porque los agentes no podían asegurar la seguridad de concejales, trabajadores y otros usuarios”.
Sin embargo, y lejos de condenar el asalto ultra, tanto PP como Vox lo justificaban, e incluso lo jaleaban. Para el PP “el campo estalla en Lorca contra los ataques del PSOE. No se puede jugar con el pan y la desesperación de familias”.
Mientras que el ultraderechista Vox afirmaba que “no se puede jugar con el futuro de los ganaderos y sus familias”, para jactarse después porque “al final se ha suspendido el Pleno”.
Así, la ultraderecha da un paso más en su escalada violenta contra los principios democráticos y constitucionales mientras PP y Vox no sólo no la condenan sino que la animan desde sus cargos públicos.
