La alianza entre PP y Vox sigue funcionando a la perfección en el Ayuntamiento de Zaragoza. Este martes, la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos dio luz verde a las Ordenanzas Fiscales 2026, tras debatir los votos particulares presentados por los grupos municipales y tumbar todas las propuestas de la oposición, PSOE y ZeC. El documento saldrá ahora a exposición pública del 27 de octubre al 5 de diciembre, antes de su aprobación definitiva en el Pleno, prevista para el 23 de diciembre.
Mientras en el Gobierno de Aragón los dos partidos simulan una crisis permanente, en Zaragoza su coordinación es total. Las nuevas ordenanzas suponen una subida de tasas e impuestos municipales por encima del IPC, especialmente en el agua y las basuras, dos servicios básicos para la ciudadanía.
Según el análisis de Zaragoza en Común, que ha difundido un documento comparativo con las tablas de tarifas, las nuevas tasas del agua y la recogida de residuos aumentan un 2,8%, el doble de la inflación interanual —situada en torno al 1,4%—. La formación denuncia que, pese al discurso oficial del PP sobre “congelación fiscal”, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a cargar el ajuste sobre las familias trabajadoras mientras mantiene beneficios para los sectores con más recursos.
“La pérdida de ingresos por la Ordenanza Fiscal 9, la de la plusvalía, pone en riesgo la autonomía financiera del Ayuntamiento”, alertó la portavoz de ZeC, Elena Tomás, durante la comisión. Desde 2022, el consistorio ha dejado de ingresar 45 millones de euros por esta rebaja fiscal. “Lo que estamos perdiendo no son solo ingresos, sino la capacidad de decidir el futuro de nuestra ciudad”, añadió. Según ZeC, la reducción de ingresos propios fuerza al Ayuntamiento a endeudarse o vender patrimonio público, y podría incluso provocar que el Ministerio de Hacienda imponga un plan de ajuste financiero.
El grupo municipal recuerda además que más de la mitad de los ingresos del Ayuntamiento (el 51,8%) no son recursos propios, sino transferencias del Estado, del Gobierno de Aragón o de fondos europeos. “Esta política nos empuja a depender cada vez más de otras administraciones, perdiendo soberanía municipal”, advirtió Tomás.
“No puede ser que se trate igual a quienes dinamizan los barrios que a quienes se lucran con espectáculos privados”
Por su parte, el PSOE también cargó contra la política fiscal del Gobierno de Chueca. La concejala socialista Marta Aparicio reprochó que el Ejecutivo municipal “solo beneficia a algunos y no a la mayoría de los zaragozanos”. Aparicio denunció que se han limitado al máximo los debates sobre las ordenanzas, impidiendo a la oposición presentar propuestas de fondo. “Los únicos cambios con cierta importancia son las subidas del agua y basuras. El resto apenas se modifica”, señaló.
La edil socialista acusó al Gobierno PP–Vox de mentir al asegurar que ninguna tasa subiría más del 2,8%. “Han hecho los cálculos para recaudar un 2,8% más, pero eso implica que algunas tarifas suben por encima del IPC”, explicó. A su juicio, “no hay ninguna medida que mejore la vida de las personas que más lo necesitan”, pese a que el Ayuntamiento dispone de ingresos “históricos”, superiores a los 1.050 millones de euros.
Entre las medidas que el PSOE propuso —y que el PP rechazó— estaba la exención de tasas y fianzas para asociaciones vecinales, peñas y entidades sociales que organizan actividades en la calle. “No puede ser que se trate igual a quienes dinamizan los barrios que a quienes se lucran con espectáculos privados”, señaló Aparicio.
La concejala también criticó que el Gobierno de Chueca siga priorizando bonificaciones a grandes patrimonios, como las aplicadas a la Sociedad Nueva Romareda o al grupo sanitario Quirón, mientras recorta políticas de igualdad o subvenciona entidades antiabortistas. “Y la única razón es Vox”, sentenció.
Las nuevas Ordenanzas Fiscales 2026 se tramitan así con el voto conjunto de PP y Vox, que mantiene el equilibrio del bloque conservador en el Ayuntamiento. Para la oposición, este acuerdo refleja un modelo de ciudad que favorece a quienes más tienen y recorta la capacidad de Zaragoza para invertir en servicios públicos, vivienda o sostenibilidad.
En diciembre, cuando el Pleno apruebe definitivamente las ordenanzas, la ciudadanía zaragozana habrá perdido —una vez más— poder adquisitivo y autonomía local. Los únicos que salen ganando, advierten PSOE y ZeC, son los de siempre.
