Todos los partidos muestran su apoyo a la representación de los trabajadores de los centros de menores tutelados por el gobierno de Aragón y expresan su preocupación por que los gerentes que gestionan dinero público no apuesten de manera decidida por dignificar su sector, negándose a constituirse como patronal y así comenzar oficialmente con este proceso.
Con el inicio de 2023, los sindicatos CGT y UGT, están dando un impulso decidido en formalizar los contactos que comenzaron en el 2019 y constituir lo antes posible la mesa de negociación del I Convenio Autonómico de Protección y Reforma. Para conseguir esto se han reunido con los partidos de gobierno Podemos y PSOE, así como con el de la oposición IU.
A todos ellos les comunican la precariedad del sector: “Los bajos salarios, el alto número de bajas por motivos psicológicos, la turnicidad, y las altas ratios que los trabajadores, en su mayoría educadores sociales, tienen que soportar en los centros y que hacen muy difícil la estabilización de los equipos y su sustitución en períodos de vacaciones, ya que los educadores recién formados buscan condiciones mejores en las comunidades vecinas como Navarra, Cataluña o Valencia, donde disponen de un Convenio Autonómico con mejores condiciones que las del Convenio Estatal que rige en Aragón”.
Además, explicaron a las tres formaciones las dificultades que CGT y UGT están teniendo para poder hablar con los gerentes que gestionan estos centros. A la última reunión sólo asistieron Pedro Coduras, gerente de Fundación para la atención integral del menor (FAIM), y Belén Portolés, gerente de YMCA, Goyo Centro y Jose Maria Lamana gerentes de Kairos y OZANAM respectivamente contestaron un escueto “ahora no es el momento”. FEPAS que fue la quinta invitada ni contesto ni asistió. Las mencionadas empresas suponen más del 65% del sector.
Ante las dificultades manifestadas, Marta de Santos diputada de Podemos manifestó que "la situación laboral de las personas que cuidan a los menores tutelados en Aragón tiene muchísimo margen de mejora, lo que deriva en que asuman por vocación lo que no deberían, pero también en un peor servicio del que podríamos tener. Es una de las consecuencias de que prácticamente todo esté externalizado", por lo que “la negativa de sentarse a negociar de varias empresas imposibilita el inicio de este proceso, que garantizaría una mejora del servicio en cuanto a calidad y estabilidad se refiere, para evitar tanto la contratación de personal menos cualificado ante la ausencia del tecnificado, como la fuga de talentos a otras autonomías al contemplarse diferencias salariales de hasta un 35 % respecto a la nuestra”. Marta de Santos se comprometió a llevarlo en el programa electoral de Podemos Aragón a las próximas elecciones.
Pilimar Zamora diputada del Grupo Parlamentario PSOE señaló el incremento del 17% del precio de las plazas y ha mostrado un especial interés y preocupación en la situación laboral actual por la que pasan los trabajadores y trabajadoras, ya que este aumento no ha repercutido en los profesionales que atienden a menores.
También se trató la importancia de que las empresas recapaciten y se sienten a negociar con los sindicatos representativos del sector para dejar atrás la situación de pobreza a la que se ven abocado el personal que trabaja con menores tutelados y tuteladas por la DGA.
Marga Deyá representante de IU Aragon manifestó a los y las representantes sindicales que “es incomprensible como el Gobierno de Aragón no se involucra y se lava las manos en las condiciones laborales del personal que atiende a los menores tutelados por el IASS ya que es una responsabilidad propia de la administración, un servicio público esencial” y añadía, “nadie más que la administración es responsable de la protección y reforma de menores”.
También señaló que “la política de externalización de servicios públicos busca abaratar el servicio a costa de reducir las condiciones laborales ya que son servicios cuyo elemento central es el personal. En esto, poco se diferencia el PSOE de Lamban del PP, que trasladan a un conflicto entre trabajadores y empresa, lo que es responsabilidad del IASS, garantizar las condiciones óptimas para la tutela de los menores”. Marga Deyá se compremetió a que IU Aragón realizará una pregunta parlamentaria en Cortes en uno de los cuatro últimos plenos que quedan para el final de la legislatura.
UGT y CGT continuarán con los contactos políticos. Están a la espera de respuesta de los grupos parlamentarios de PP y Chunta Aragonesista.
También han convocado de manera conjunta una asamblea abierta para todos los trabajadores de Protección y Reforma de Aragón para el 28 de febrero a las 17.30 horas en sede de CGT, donde se comunicarán y acordarán los puntos a trabajar para conseguir el inicio de las negociaciones.
