Podemos: “Con el saqueo de Plaza se confirman nuestras sospechas de que Aragón no se ha librado de la lacra de la corrupción”

La formación morada subraya que el tiempo y las investigaciones de la Fiscalía han demostrado que la plataforma logística Plaza “fue saqueada por un grupo de ejecutivos y técnicos de la UTE que la construyó, empleados públicos y empresarios”

Ricardo García Becerril entrando a los juzgados. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

"Se confirman las sospechas de la formación morada sobre que Aragón no había sido una tierra que se hubiera librado de la lacra de la corrupción", apunta Podemos Aragón en un comunicado.

"Prevaricación, falsedad, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, los mismos delitos que se imputan a las grandes tramas de corrupción de Madrid y València, son los delitos que se han confirmado en el caso Plaza", añaden.

“Durante años vimos como desde las altas esferas de algunos partidos que formaban parte de Gobiernos aragoneses se daba cobijo a altos cargos, alcaldes y políticos sobre los que había rumores y sospechas”, denuncian desde Podemos.

Es el caso de Ricardo García Becerril, gerente de Plaza nombrado (en el año 2000) y amparado por el Gobierno del PSOE-PAR; de Carlos Escó, viceconsejero de Obras Públicas durante el mandato de Marcelino Iglesias; o de Agapito Iglesias, empresario de la órbita del Gobierno de Iglesias que acabó en la Presidencia del Real Zaragoza y pagando mordidas en el caso Plaza.

La formación morada incide en que “mientras el bipartidismo ha hecho de la corrupción una forma de Gobierno tratándola de presentar como casos aislados al tiempo que metían la mano en la caja, desde Podemos siempre hemos apostado por una gestión transparente y democrática que nos hace ejemplares y nos sitúa en los estándares de transparencia y buen gobierno que exige el siglo XXI”.

Por ello, recuerdan que todas las cuentas del partido y de sus representantes son transparentes y accesibles y que se han impulsado iniciativas como la Ley de Integridad y Ética pública aprobada en las Cortes de Aragón, que recoge medidas como proteger a las y los empleados públicos que denuncien, prohibir las puertas giratorias para altos cargos de la DGA o crear una oficina anticorrupción.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies