El próximo mes de agosto, recuerdan desde Podemos Aragón, finaliza la vigencia del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y que recoge la suspensión de los desahucios para las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad y desde la formación morada temen que a partir de esa fecha se ejecuten los desahucios que han sido suspendidos durante los meses de pandemia.
Aragón “debe estar preparado para poder garantizar una alternativa habitacional a las familias en situación de vulnerabilidad que lo precisen”, señalan desde Podemos, haciéndose eco de las reivindicaciones de las organizaciones sociales en defensa del derecho a la vivienda que ya alertan de esta situación y reclaman alternativas habitacionales para las familias que están a la espera de un hogar.
Recuerdan que la ley aragonesa para hacer frente a las situaciones de emergencia social aprobada en 2016 es una herramienta “imprescindible para proteger a los más vulnerables”, por lo que desde Podemos Aragón consideran que “no podemos perder más tiempo. Hay que ponerla en marcha y garantizar su cumplimiento garantizando alternativas habitacionales dignas a las personas y familias que se enfrenten a procesos de desahucio. Las administraciones aragonesas, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón, deben redoblar esfuerzos”.
“Ya tenemos herramientas legales como la ley aragonesa de emergencia social y el Real Decreto-ley 11/2020 para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad se quede en la calle. Hay que asegurar su cumplimiento y es preciso ampliar el parque público de vivienda para poder garantizar una alternativa habitacional a las familias que lo precisen”, aseguran.
Desde Podemos reclaman que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón mire hacia el País Valencià donde la Consejería de Vivienda, gestionada por Podemos, “ha realizado un trabajo intenso que le ha permitido ampliar el parque público en más de 370 viviendas desde julio de 2019 mediante distintos mecanismos”.
Para ello, regularon y desarrollaron el derecho a tanteo y retracto para que la administración pudiera ejercer estos derechos ante operaciones de compraventa entre bancos y fondos buitre, entre otros supuestos. Este mecanismo ha permitido que la administración valenciana pudiera adquirir viviendas a precios muy bajos, algunas por 1 euro.
