La coordinadora Aragón Sin Desahucios ha convocado una concentración el 28 de mayo a las 12.00 horas frente al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para reclamar la alternativa habitacional de decenas de familias que siguen a la espera de un hogar.
Según el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, lo que le ocurre a Hanane y a otras muchas familias se conoce como desahucio silencioso. Su contrato de alquiler terminó y su arrendador no quiso renovarlo. Desde que les comunicaron el fin del contrato no han parado de buscar otro alquiler. En muchas ocasiones, a pesar de cumplir todos los requisitos y disponer de recursos económicos para cubrir la renta, son rechazados, con excusas, cuando el arrendador conoce su origen.
“La administración debe proveer una alternativa habitacional a esta familia para evitar que tres menores acaben en la calle, la legislación deja claro que no se puede echar a nadie de su casa sin una alternativa habitacional”, señala el Sindicato. El caso no ha podido entrar en el decreto anti-desahucios del gobierno central, ya que el arrendador también se encuentra en situación de vulnerabilidad y necesita el piso.
Desde hace años, esta familia está inscrita en las bolsas de vivienda social del Ayuntamiento de Zaragoza y la Gobierno de Aragón sin que se les haya ofrecido nunca una vivienda. “En los últimos meses hemos advertido a ambas administraciones de la situación que se estaba generando. Ninguna de las dos ha querido afrontar el problema”, concluyen desde el colectivo.
En el caso del Gobierno de Aragón, pese a que desde el Sindicato lo han tratado desde hace mucho tiempo con ellos, continúan sin querer plantear una solución. Incumplen así las obligaciones que tanto el artículo 19 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, "de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón" como el artículo 1 de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19", imponen a las Administraciones Públicas.
Por el contrario, lo único que se ha encontrado el Sindicato ha sido la excusa de un convenio de Colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encuentra caducado y que “entendemos no puede servir para que la administración continúe incumpliendo una norma de un rango claramente superior a un acuerdo en Administraciones Públicas”.
“La misma falta de voluntad encontramos en Zaragoza Vivienda que, mediante la supresión de cualquier bolsa de vivienda, ha abandonado a su suerte a una solicitante que desde 2016 está inscrita como solicitante de vivienda pública”, afirman desde el Sindicato zaragozano.
“Es hora de que las instituciones públicas hagan su trabajo”
“Pese a la avalancha de publicidad institucional a la que asistimos, los desahucios siguen siendo una amenaza para la ciudadanía”. En este caso, Hanane tiene señalado el desahucio de su vivienda el 30 de junio y todo ello, sin que se le haya propuesto ninguna alternativa habitacional.
“Una vez más, solo la acción popular puede obligar a las Administraciones a algo tan sencillo como que cumplan los compromisos que legalmente asumen”, reivindica el colectivo de inquilinas. Van a comenzar una campaña de presión que solo finalizará cuando Hanane logre una alternativa a su situación.
