Charramos de Plan Pirineos o de Plan despilfarro Pirineos. En los presupuestos de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, consta una inversión en el anexo de 9.063.698,80 € que no coincide con lo publicitado por distintas administraciones en los medios de comunicación ¿los Presupuestos no recogen las obligaciones reales y legales?
Pero no es lo único y más importante. Cualquiera puede comprobar en la web de la Mancomunidad sus fines estatutarios. El artículo 15.1 determina los fines: "la realización de obras que los Ayuntamientos de los municipios miembros decidan realizar a través de la Mancomunidad". Aparece dos veces el concepto "realizar". Según la RAE consiste en "efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción". No queda incluido el concepto de "promotor" y menos todavía el de "beneficiario final". Está claro que la mayor parte de las actuaciones se van a realizar en terrenos públicos (muchos de ellos en montes de utilidad pública de titularidad municipal), que se encuentran por tanto promovidos por una entidad local que no es la Mancomunidad, y se desconoce el beneficiario final.
El "promotor" debe de tener capacidad para ello, contar con los acuerdos de los órganos locales competentes, y deben existir en los expedientes los títulos habilitantes y autorizaciones necesarias para su realización.
Por ejemplo, Mancomunidad Forestal del Valle de Aisa, nos informó por escrito que no existe expediente alguno de actuación en los Montes Públicos de su titularidad (Candanchú). El Ayuntamiento de Chaca, tomó un acuerdo de paralización de expedientes en el Monte Público de Astún. Y consta en el Informe del Inaga de 23 de febrero de este año, que esta cuestión condiciona el trámite ambiental.
Del resto de actuaciones que obran en el Anexo de inversiones de esa Mancomunidad se desconoce la situación con respecto a la titularidad de los terrenos, la entidad local responsable y las autorizaciones obtenidas por el "promotor", desconociéndose igualmente el titular de la obra, que es el beneficiario final. Un auténtico "laberinto" de competencias administrativas, derechos y obligaciones, utilización de recursos públicos, que es necesario clarificar por transparencia, antes de cualquier nuevo trámite.
Se da en muchos de estos "proyectos" la situación paradójica de que una Administración Pública (D.P. Uesca) solicita fondos europeos, para unas actuaciones que deberían ser respetuosas con el medio ambiente y generar recursos económicos sostenibles por las circunstancias especiales y con condiciones. Todo ello al parecer por petición de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón y las entidades locales interesadas. Dicha Mancomunidad lo hace a su vez en representación de las entidades locales "titulares" de los terrenos a utilizar.
Estas solicitudes se apoyan por el Gobierno de Aragón, que además las informa. Dicho Gobierno es al mismo tiempo quien hará una evaluación ambiental, la declaración de interés público y ostentará el control de su desarrollo. Algunas cuestiones mediante la fórmula de un convenio público/privado con serias dudas de su situación legal por lo citado. En esta tramitación el Gobierno de Aragón recibe los derechos cedidos de terceros, utilizando la empresa Promoción y Gestión del Turismo Aragonés S.L,. Todos intervienen para beneficio final de empresas mercantiles cómo pueden ser Aramón, Etuksa, Eivasa, etc. Un "conglomerado" legal y financiero, que podría estar en contra de la filosofía de los fondos europeos que financian, con condiciones.
Estas últimas empresas serían las "beneficiarias" finales de estos fondos europeos, de las inversiones públicas, realizadas sobre terrenos públicos, tramitación pública, pagada la gestión y sus trabajos previos, con fondos públicos, etc. Para al final tener estas empresas unos derechos "inmobiliarios" sobre Montes de Utilidad Pública, con proyectos encima de la mesa como la nueva urbanización de Astún cómo un pequeño ejemplo (más de 400 apartamentos según lo publicado).
No nos parece muy acertado este sistema en "cadena", que podría suponer una desviación de poder en el uso de fondos públicos, incluyendo fondos europeos, para este beneficio final de empresas privadas, sin que suponga una alternativa real a la realidad económica del Pirineo. Suponiendo además un serio problema ambiental y de pérdida de valores del entorno.
Para entender un poco esta situación es necesario hacer un poco de historia. En los Montes de Utilidad Pública sobre los que se asientan las estaciones de esquí citadas, se otorgaron en su momento "concesiones y ocupaciones" a cambio de un insignificante canon económico, por muchos años. Bajo la premisa del nuevo "desarrollo turístico" cómo bandera del sistema franquista y el desarrollismo de los años 60 del siglo XX. Este es el origen.
Durante ese tiempo, se han desarrollado promociones inmobiliarias y negocios, enajenando los derechos "concesionales" a terceros, a cambio de mucho dinero, para uso residencial o de negocios. Teóricamente al terminar la concesión regresaban los inmuebles y servicios a la entidad local propietaria. Situación que muchos "compradores de un derecho", como pueden ser los propietarios de las viviendas promovidas por este sistema, desconocen o no le dan importancia, porque no se han leído las escrituras o funcionaba a largo plazo. Que pregunten a la colonia de lujo de Cercedilla y Navacerrada.
Esto se hacía teóricamente para un desarrollo económico de la zona y evitar la despoblación. Lo cual no ha sucedido exactamente así. Las zonas de montes público han perdido el valor de su catalogación, el medioambiental y muchos más. Si se comparan cuestiones económicas y calidad de empleo, equilibrio entre sectores productivos y sostenibilidad, la Comarca de Sobrarbe sale muy bien parada (sin estas concesiones mercantiles en monte público, urbanizaciones en dichos montes, empresas privadas gestionando centros invernales y actuaciones de todo tipo), frente a las que tienen las estaciones invernales. Un Parque Nacional genera más economía sostenible y riqueza para el territorio que todos los centros invernales juntos, con el coste para todos de estos últimos, frente a lo que invertimos en el Parque Nacional. ¿Seguimos con este modelo?
Pero para mantener estas actuaciones en suelo público (MUP) se han pagado las grandes obras necesarias con dineros públicos, se han llevado los servicios, las instalaciones. Se han realizado planes de innivación, defensa de aludes, modernización de instalaciones, se han cubierto los cauces públicos para aparcamientos y servicios, grandes movimientos de tierras. Si sumáramos las inversiones de dinero público efectuadas y pagadas entre todos, nos asustaríamos. Y cuando las empresas han tenido problemas, han acudido a los "rescates" con fondos públicos, para garantizar su futuro. En teoría por un interés público, en la práctica por la "gestión" de estas empresas privadas, a las que nadie pide cuentas.
El año pasado se anunció una nueva urbanización inmobiliaria en suelo público en Astún. Con más de 400 apartamentos (unido inicialmente al proyecto de unión por Canal Roya) la empresa EIVASA (mercantil) privada, firmó un convenio con el Gobierno de Aragón (2022) para costear este, 2,7 millones de euros en sistemas de prevención de aludes, que permitan las nuevas promociones inmobiliarias. Un ejemplo pequeño de cómo se utiliza el dinero público, en monte público, para una promoción inmobiliaria y beneficio privado.
Por desgracia este modelo se repite de forma continuada y un ejemplo puede ser el Anexo de Inversiones del Presupuesto de esa Mancomunidad para 2024, el telecabina que uniría Candanchú con Astún (que antes de finalizar la tramitación ya se ha anunciado que será ampliado por la necesidad de ello). Seguimos en el mismo modelo de "desarrollo" que empezó hace mas de 60 años, cuando este estado era una Dictadura de triste recuerdo y al parecer hemos aprendido poco.
Las actuaciones planteadas en el Anexo de inversiones, como la unión Candanchú/Astún por ejemplo, carecen de los títulos habilitantes necesarios para su realización en estos momentos. Máxime cuando se desarrollan en Montes Públicos, en red Natura 2000 y otras figuras de protección ambiental, que hacen que sea imposible su tramitación en el año 2024, simplemente por los periodos de información al público. Además de otras muchas cuestiones legales.
Si no se cumplen los requisitos ambientales, no es posible dedicar estos fondos europeos para los gastos previstos en el Anexo o los señalados. Es decir, no es posible la inversión o si se realizara sería de forma consciente incumpliendo muchas cuestiones legales.
Por ejemplo, el Informe del INAGA de fecha 23 de Febrero de 2024 sobre la unión de estaciones sobre el Proyecto de unión de estaciones de ski de Candanchú y Astún, señala que el "promotor" es Promoción y Gestión del Turismo Aragonés S.L, que carece de competencias, incluso delegadas, para ello. Hemos solicitado en varias ocasiones, al Gobierno de Aragón explicaciones sobre ello, sin respuesta alguna. Y siendo conscientes de ello.
En este mismo informe del INAGA constan las "alegaciones" del Ayuntamiento de Chaca, señalando que no se ha contemplado la alternativa 0 (unión de estaciones por carretera, autobús), que sin embargo es plenamente válida. Señala que no se contemplan las afecciones ambientales por el ciclo de vida de las instalaciones y sus efectos, debiendo abarcar el estudio ambiental toda su vida útil y tratamiento final (que no lo hace). También señalan que no están previstas las afecciones reales por el cambio climático. Lo está diciendo el propietario de la mayor parte del Monte Público afectado y debería tenerse en cuenta, porque estas "simples" cuestiones suponen la falta de viabilidad ambiental del Proyecto. Y en esta situación es imposible seguir adelante con ninguna tramitación.
Este sería el Proyecto "más avanzado" en tramitación ambiental de los que se contemplan. Si en este nos encontramos estos problemas de muy complicada solución, lo mismo puede suceder en el resto.
Nosotros -la Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas (SAPAP)- alegamos en la tramitación ambiental del INAGA, en su momento, sobre la falta de acceso a la documentación expuesta, porque sin ello, no es posible su estudio, valoración o presentar alternativas. Seguimos manteniendo que estas circunstancias serían suficientes para paralizar todo el procedimiento y debería ser iniciado de nuevo.
El informe del INAGA señala que es necesaria la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental, en el que se recojan las alegaciones, sugerencias, participaciones, etc, que se reseñan y constan en el Expediente. No se ha realizado hasta el momento, con todas las consecuencias legales.
Se señala también con total claridad en ese Informe, que se "realizará un estudio específico de los potenciales impactos transfronterizos teniendo en cuenta los Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y especies de fauna y otros elementos o zonas ambientalmente sensibles que pudieran verse afectados en territorio francés, teniendo en cuenta específicamente la existencia del Parque Nacional de los Pirineos franceses ". Cuestiones que no se han materializado y son de obligado cumplimiento.
De todo lo dicho concluimos que no existen las condiciones administrativas ni medioambientales, para realizar ningún expediente de contratación de todas las obras incluidas en el Anexo de Inversiones y en los Presupuestos de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón para 2024, con especial mención a la unión de estaciones Candanchu/ Astún. No constan las autorizaciones de los propietarios de los terrenos, las delegaciones a los promotores, la conexión con los solicitantes de los fondos y las empresas mercantiles beneficiarias finales del proceso. Dentro del "caos" y solapamiento de competencias entre las distintas administraciones, donde parece que el único objetivo es seguir adelante.
Es decir, los principios de transparencia, buen gobierno, cumplimiento de las obligaciones legales, ambientales, gestión del gasto público, etc, podrían estar un tanto al margen.
Son posibles otros modelos de gestión de centros invernales, basta con cruzar la frontera y observar. Gestión sin vinculación inmobiliaria, con puestos de trabajo de más calidad, por población estable, economía diversificada, más sostenibilidad invernal, más barato para las arcas públicas. Y con muchas ventajas, con un sólo inconveniente, que desaparecen los grandes negocios inmobiliarios en terrenos públicos, con inversiones públicas y que todos pagamos ¿podemos elegir?
