Más de 320 personas en Aragón se calcula que padecen ‘COVID persistente’, un término utilizado para describir los efectos de la COVID-19 que continúan semanas o meses después de haber contraído la enfermedad. En el Estado español, se estima que la sufren entre 30.000 y 50.000 personas que, meses después de haberse contagiado del coronavirus, siguen incapacitadas para llevar una vida normal, con síntomas como cansancio, malestar general, falta de aire, fallos de memoria, etc.
Izquierda Unida Aragón espera que el Ejecutivo autonómico cumpla el mandato de las Cortes y ponga en marcha, cuanto antes, una serie de medidas para atender a estas personas. Entre ellas, la creación de una unidad de referencia para estos pacientes con especialistas, Sociedades Científicas y asociaciones de enfermos para garantizar una asistencia de calidad y multidisciplinar a los pacientes con COVID persistente.
También se aprobó instar al Gobierno a crear una guía clínica para la atención de personas con esta enfermedad que permita la atención correcta y formación por parte de los profesionales y a facilitar la coordinación entre Atención Primaria y especialidades que potencia una atención “multisistémica” con protocolos específicos, así como la inclusión de rehabilitación.
Desde IU Aragón, su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, advierte que centrar el protocolo de atención a estos pacientes en Atención Primaria requerirá de medios suficientes. A día de hoy, el servicio está “saturado y con escasos recursos” en cuanto a rehabilitación (un médico rehabilitador por cada 80.000 habitantes) y pruebas diagnósticas que, según Sanz, pueden requerir estas personas de cara a atender su sintomatología y avanzar en la investigación para su tratamiento.
Por ello, el diputado ha registrado una pregunta parlamentaria para que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, informe sobre los plazos que se manejan para implantar la citada guía clínica y sobre la coordinación con otras Comunidades Autónomas y el Gobierno del Estado en cuanto a investigación y consideración en los reconocimientos relacionados con las bajas laborales, así como por el papel que se ha dado a la rehabilitación en el protocolo de atención y como se va a facilitar el acceso a un servicio que está desbordado, con un rehabilitador por cada 80.000 habitantes.
