COVID-19 persistente: 15 meses de abandono asistencial

Nadie se imagina ir a la consulta de un médico por una enfermedad grave y que le ningunee, haga broma de su condición o incluso, en el peor de los casos, le hable mal y le haga sentir como un lunático que le está haciendo perder su valioso tiempo y se inventa síntomas.

Foto: Pixabay

Esto es a lo que nos estamos enfrentando las y los enfermos de COVID-19 Persistente desde hace unos 15 meses para los de la primera ola, muchos de nosotros y nosotras compañeros, si no de profesión, al menos del sector Salud.

La sanidad pública se ha visto desbordada por la avalancha de enfermos de COVID-19. Entendemos la falta de medios, hasta entendemos el miedo de los sanitarios, porque muchos de nosotros nos hemos contagiado en nuestro lugar de trabajo también. Lo que no entendemos es que no nos vean, no nos hagan seguimiento apenas y, si lo hacen, se quede en una llamada telefónica de "control" rápida para cumplir con el expediente. No entendemos las inequidades en el trato al paciente. No comprendemos por qué a una compañera de Balbastro la atienden maravillosamente y en Zaragoza no tenemos acceso ni a visitas presenciales ni a rehabilitación respiratoria. Los y las afectados de COVID-19 Persistente también la necesitamos para intentar recuperar nuestra capacidad respiratoria, pero, por algún motivo, alguien ha decidido que sólo la merecían los enfermos con secuelas post-COVID-19.

Tampoco entendemos por qué, en Catalunya, tienen una Unidad de COVID-19 Persistente pediátrica y para adultos puntera en el Hospital público Germans Trias i Pujol -Can Ruti- donde están siendo tratados muchos de las y los compañeros del colectivo catalán, haciéndoles las pruebas adecuadas para detectar las afectaciones persistentes de cada uno de ellos, y no la tradicional analítica y radiografía de tórax que -a veces- se nos pide en Aragón, y donde poco se puede detectar. O por qué los miembros del colectivo andaluz tienen un seguimiento exhaustivo en las Unidades de COVID-19 Persistente de varios hospitales públicos de su territorio, con un internista que coordina todas las pruebas con las distintas especialidades y, en Aragón, esta posibilidad ni se contempla a pesar de las demandas del colectivo Long COVID Aragón. Por qué, en definitiva, una persona tiene más acceso a una sanidad pública de calidad y a un seguimiento médico adecuado según el lugar donde viva.

Si no sabemos hoy en día cómo vamos a evolucionar los enfermos de COVID-19 Persistente porque tenemos un síndrome inflamatorio multisistémico que podría, a la larga, convertir nuestros síntomas actuales en secuelas o enfermedades crónicas, ¿por qué nadie se ocupa de nosotros? Solemos decir entre nosotros que somos la “patata caliente” al que nadie quiere ver en su consulta. Pronunciar las palabras “COVID-19 Persistente” equivale a que te miren de otra manera y te intenten despachar lo antes posible, alegando que no existe o que no es de su campo. ¿Quién decide si alguien tiene derecho a una atención asistencial justa y profesional? ¿Por qué los pacientes estamos más informados que muchos profesionales de la Salud, nos sabemos al dedillo todas las actualizaciones del documento científico-técnico del Ministerio de Sanidad, hemos participado en la elaboración de la guía de atención al paciente COVID-19 Persistente o Long COVID junto con la Sociedad española de Médicos Generales y de familia (SEMG) y 48 sociedades científicas y nos hemos leído casi todos los papers internacionales que van saliendo sobre el Long COVID? ¿Dónde está la formación continua en un área tan crucial como es la atención asistencial?

¿Acaso no queda recogido en la lista de Derechos Humanos Universales que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (Resolución 217 a (III) del 10 de diciembre de 1948), en París bajo el nombre de Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y citamos el Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”

O en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966, en su Artículo 12: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Entre las medidas que deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, están la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, o la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, se establece explícitamente que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.” Y sin ir más lejos, la propia Constitución española de 1978 determina la salud como uno de los derechos fundamentales, aplicado después para elaborar la posterior Ley General de la Sanidad. Así es, todo ser humano tiene derecho a ser asistido por los servicios de Salud para su curación y rehabilitación. Derecho que se está negando actualmente a la mayoría de las y los enfermos de COVID-19 Persistente.

Para los que se pueden permitir un seguro privado, empieza un peregrinaje por numerosos especialistas, no con mejor suerte. Uno por cada síntoma, 36 de media por persona, unos 201 descritos en total según la Sociedad española de Médicos Generales y de familia (SEMG). Unos con empatía de vez en cuando pero que no tienen ni idea de qué hacer con nosotros. Otros, la mayoría, rebotándonos a otras especialidades porque las pruebas básicas salen bien, o “ahora todo es COVID19, ¡¡ya no existe nada más!!" pagando su frustración con el paciente.

La respuesta que escuchamos a menudo a nuestras quejas es "no hay recursos". Una sociedad que sentencia a varias generaciones a padecer una enfermedad de por vida porque no quieren dedicarle medios, es por lo menos cruel e irresponsable. Estos cientos de miles de enfermos no desaparecerán. Esta “patata caliente” se traducirá en bajas largas, bajas a repetición, incremento del gasto sanitario en medicamentos parches que no nos curarán, incapacidades quizás, en personas que podrían haber tenido una oportunidad. También en cientos de miles de personas que dejarán de consumir ocio, educación, en niños y adolescentes que no podrán seguir con una escolarización adecuada y no llegarán a realizar sus sueños, truncados por la enfermedad. En decenas de miles de personas que no recuperarán su vida.

La propia OMS, en el seminario que organizó el pasado día 9 de febrero de 2021 sobre COVID-19 Persistente, exhortó los gobiernos a tomar cartas en el asunto destacando que esta enfermedad puede tener graves efectos socioeconómicos. "Es bueno que esté empezando a investigarse, pero los estudios no son suficientes y deben continuar", señaló entonces su director general, Tedros Adhanom. Queremos investigación, no que se nos incluya en el cajón desastre de las enfermedades crónicas que nadie sabe curar, sin siquiera haberlo intentado.

Las y los afectados de COVID-19 Persistente lanzamos una llamada de auxilio. Para muchos de nosotros, puede no ser demasiado tarde aún. No queremos que se abandone a cientos de miles de ciudadanos a su suerte, negándoles el derecho universal a una asistencia sanitaria justa.

Por este motivo, solicitamos a los grupos políticos aragoneses que se reúnan para tratar nuestra problemática con urgencia y consensuen una estrategia común, con la creación de Unidades de atención al paciente COVID-19 Persistente en los hospitales, investigación específica, formación a los profesionales de la Salud y un recuento oficial de pacientes Long COVID.

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