Adrián Almazán, profesor de Filosofía de la Universidad Carlos III, deconstruyó el vínculo que automáticamente se asume entre lo que se conoce como progreso deseable y cualquier avance tecnológico, apuntando que "toda tecnología está insertada en un proyecto social, político y económico y por lo tanto ideológico". Se mostró muy crítico con el alineamiento de los "nuevos señores tecnofeudales" con posiciones reaccionarias.
Aurora Gómez por su parte, fundadora de Tunubesecamirio.com, portal dedicado al análisis de los impactos de los centros de datos, repasó críticamente la historia de este tipo de infraestructura digital en diferentes partes del mundo. Comentó las diferentes razones que llevaron a comunidades locales de diferentes países a rechazar los centros de datos en sus territorios: consumo excesivo de energía eléctrica y agua, molestos ruidos y ausencia de beneficios económicos.
Erika González, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción ubicó el desembarco de estas infraestructuras, a las que se refirió como macrogranjas de datos, dentro de la situación de financiarización de la economía. Los fondos Next Generation, que promueven la digitalización de la economía, profundizan, en su opinión, los modelos de explotación y extracción del modelo "de siempre". Por otro lado, apuntó "está bien puesto el nombre, pues es la siguiente generación la que tendrá que pagar las deudas que estos fondos han creado".
Manuel García, investigador del CSIC, compartió su pesquisas sobre la calidad y cantidad del empleo que se crea con este tipo de naves industriales, rebajando las expectativas que los discursos oficiales han provocado. Una vez concluida la construcción de los centros de datos, en un par de años, el empleo será "escaso, precario y alienante" y apenas alcanzará un par de decenas de personas por centro.
Raúl Burillo, conocido inspector de Hacienda, realizó un minucioso y profundo análisis del impacto tributario que los centros de datos generarán. Repasó en detalle las ventajas que este tipo de centros contarán respecto a los diferentes impuestos a nivel municipal, autonómico y estatal para llegar a la conclusión de que las arcas públicas apenas se beneficiarán de estas inversiones millonarias.
Carlos J. López, economista y analista del futuro de la energía, autor del libro "La humanidad frente al reto energético", desgranó el descomunal consumo eléctrico que este tipo de infraestructuras exigen. Apoyándose en ejemplos reales como el de la ciudad de Marsella, pronosticó cortes de luz y conflictos por la energía al tiempo que criticó el gran coste de oportunidad que supone dedicar la mitad de la energía eléctrica de Aragón a este sector.
Por último Chechu Sánchez, agricultor de Sádaba, del colectivo Malas Yerbas, dibujó un panorama complicado para el sector agrario aragonés, lamentado las dificultades que atraviesa y lo masculinizado que está. Criticó el privilegio que supone conceder un Plan de Interés General de Aragón a una megacorporación extranjera, y asegurarle un suministro de agua de calidad, al tiempo que se ponen trabas para el emprendimiento agrario femenino en lugares tan necesitados de él como Teruel.
El público también fue protagonista del acto, haciendo preguntas muy concretas aprovechando la presencia de un panel de personas expertas tan bien nutrido, y expresando con emoción su pesar por un modelo de digitalización que "no nos permite conectar realmente, como sí lo hace observar la migración de las grullas, sentirse en casa o mirar el atardecer en el horizonte en tu querida tierra".
Esta charla, moderada por la activista ecologistas Marina Gros, fue la primera acción de la Plataforma Aragón por la paz: ni industria ni objetivo militar, que integran diversas organizaciones, y que el 24 de febrero llama a manifestarse contra el hub Aragón Defensa.
