La actividad bancaria es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y de las familias, ayudar, por ejemplo, a la inversión de las PYMES y familias o financiar la vivienda social en alquiler. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la Banca Pública y evitar la exclusión financiera. Así cómo defendemos la Sanidad y la Educación Públicas, la atención a la Dependencia, los Servicios Sociales, el Transporte Público, las Pensiones y todos los derechos ciudadanos conquistados que obligan a las instituciones, exigimos la creación de una …
