Denunciar el terrorismo de estado, los feminicidios, la criminalización de la protesta social, con la judicialización de los líderes y lideresas sociales, proteger los territorios y la soberanía contra la injerencia norteamericana, dar un paso adelante en la apuesta por la vida digna, la construcción de una Colombia diferente y una apuesta por la transformación de la vida y nuestro pueblo, eran algunos de sus objetivos
Cuenta William Ospina en su libro “Pa que se acabe la vaina” que la nuestra fue siempre una democracia de fachada y que mucho antes de la revolución cubana y antes de la existencia de guerrillas ya se perseguía la lucha popular. Recuerda el caso de María Cano, antioqueña de quien se dice que fue la primera mujer líder política en el país, quien en 1928, después de la huelga de las bananeras que fue reprimida violentamente con una matanza de obreros, acabó en prisión por denunciar esta masacre.
Colombia entra en el 2020 retomando las movilizaciones de finales del año pasado. El paro nacional del 21 de noviembre fue una protesta convocada para un día y que se prolongó hasta finales de año ante la indignación y malestar que se vive en el país.
En este año se ha incrementado la persecución de los líderes y lideresas sociales, algunos de los líderes sociales con los que nos entrevistamos están ahora judicializados y difícilmente podrán votar en la próxima convocatoria electoral prevista para el 27 de octubre
Desde noviembre de 2016 han muerto de forma violenta 702 líderes sociales en las regiones del país, además de 134 excombatientes de FARC y 30 familiares de excombatientes
La mala gestión de su manejo provocó sendos derrumbes de basuras que inundaron el río Tunjuelo en 1997 y 2015, provocando unas de las mayores catástrofes medioambientales de este tipo. En los barrios de Mochuelo Alto y Bajo se encuentran afectadas unas 800 familias con la ampliación del vertedero y divididos ante la decisión de vender sus terrenos o ser expropiados.
Crónica realizada por el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza de la situación que viven los presos políticos en la prisión de La Picota en el Estado de Colombia. En concreto los integrantes del ELN, de las FARC y de ocho de movimientos sociales más.
De esta forma, hace pública su denuncia del Estado brasileño y su solidaridad con el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil), ante la criminalización y las agresiones que viene sufriendo esta organización y sus militantes desde diferentes poderes del Estado, y que se han agravado desde que se consolidó el golpe de Estado de Michel Temer
Organizaciones populares indígenas, campesinas y afrodescendientes protestan a lo largo de todo el país por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno. Tres personas han sido asesinadas por la fuerza pública