Peligran la evaluación de riesgos y el etiquetado de los nuevos alimentos transgénicos

Una recogida de firmas pide a la Comisión Europea que no ceda ante la presiones que pretende que los alimentos transgénicos producidos con nuevas tecnologías salgan al mercado sin evaluación y sin etiquetar

Cinca transgenicos

La gran industria de los transgénicos asegura que los nuevos alimentos modificados genéticamente (MG) son mucho más seguros que los desarrollados hasta la fecha, producidos con técnicas de ingeniería genética que —reconoce ahora— adolecen de una considerable imprecisión.

Ecologistas en Acción señala que la edición génica actual permite modificar el genoma con mucha mayor precisión que las tecnologías de primera generación. Pero advierte de que las nuevas técnicas genéticas también pueden provocar "alteraciones imprevistas en las plantas, con riesgos para la seguridad de los alimentos y el medioambiente que son necesarios seguir y evaluar".

La sostenibilidad es el otro argumento esgrimido por la industria para intentar agilizar la comercialización de los nuevos alimentos transgénicos. Sin embargo, desde esta organización ecologista denuncian que el historial de los cultivos MG en términos de sostenibilidad dista mucho de ser ejemplar.

El rasgo predominante de estos cultivos en el mundo ha sido la resistencia a herbicidas, que ocupaba casi un 90 % de la superficie total en 2017. Un hecho que ha generado la creciente dependencia agrícola en productos químicos nocivos para la salud y para la biodiversidad.

Se calcula que el volumen de glifosato utilizado globalmente —a pesar de estar considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno”— se ha multiplicado por 16 desde la introducción de los cultivos resistentes a este herbicida en 1996.

Además, la aparición de resistencias a los agroquímicos en malezas y plagas a raíz de la proliferación de cultivos transgénicos ha llevado a una espiral creciente de utilización de plaguicidas cada vez más agresivos y dañinos.

"Como era de esperar, la resistencia a herbicidas sigue siendo el rasgo más común en las variedades desarrolladas con nuevas tecnologías genéticas, seguido de características ventajosas para el procesamiento industrial", apuntan desde Ecologistas en Acción.

Por otra parte, añaden que el desembarco de las grandes transnacionales de la ingeniería genética en la agricultura ha supuesto no solo la apropiación de la biodiversidad campesina —las semillas— mediante patentes, sino una vertiginosa concentración de la industria semillera en manos de de un puñado de gigantes de la industria química.

Las cuatro mayores agroquímicas  —Bayer/Monsanto, Corteva (Dow+Dupont), ChemChina/Syngenta y BASF— con un 65 % de las ventas mundiales, figuran entre las cinco primeras del sector semillero   —Bayer/Monsanto, Corteva (Dow+Dupont), Limagrain y ChemChina/Syngenta—, con un 50 % del mercado de las semillas.

"Este monopolio de las semillas por las grandes agroquímicas representa una grave amenaza en términos de soberanía y de seguridad alimentaria, así como para la biodiversidad".

Por todo ello, Ecologistas en Acción se ha sumado a la recogida europea de firmas que insta a la Comisión Europea y a los gobiernos a que no cedan a las pretensiones de la industria de eximir a los nuevos transgénicos de la normativa europea de seguridad y de etiquetado.

Además de solicitar que no se excluya a los nuevos transgénicos de la legislación de OMG existentes, la petición ciudadana incluye tres demandas adicionales. La primera de ellas es que "los nuevos OGM y los OGM en general deben regularse como lo que son, en consonancia con el principio de precaución". Deben pasar por una estricta evaluación de seguridad y etiquetarse como genéticamente modificados para asegurar la transparencia para la ciudadanía y el campesinado.

También, reclaman el desarrollo de más investigación sobre los riesgos para la salud, medioamiente y biodiversidad de los MG, así como su impacto socioeconómico para la agricultura y el sistema alimenticio.

Por último, reclaman la promoción desde los gobiernos de soluciones reales para una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático, como prácticas agroecológicas, además de la protección de la autonomía y del derecho a las semillas (en oposición a las patentes).

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