Numerosas concentraciones tendrán lugar este sábado en decenas de ciudades del Estado español para reclamar un cambio en el reparto de los fondos europeos provenientes del Next Generation UE.
Los distintos colectivos convocantes están exigiendo que el dinero que recibirán el Gobierno del Estado y los territorios sea utilizado para posibilitar una transformación económica, que tenga como prioridad poner la vida en el centro y que se mantenga dentro de los limites planetarios en cuanto a la utilización de recursos y a la capacidad del plantea para absorber los efectos de la actividad humana.
Asimismo, abogan por construir un modelo social equitativo y justo, que acabe con la creciente desigualdad social y elimine las diferencias entre los géneros.
El gobierno español a través de la publicación del RD 36/2020, ha anunciado como piedra angular para la gestión de los fondos potenciar la colaboración público-privada que socializa pérdidas y deriva beneficios al privado –mediante la figura de los PERTEs–, con los bancos privados como gestores "a título lucrativo" del dinero, colocando umbrales de inversión al alcance de muy pocas empresas.
Los fondos ascienden a 140.000 millones de euros, la mitad como préstamos y la otra mitad a fondo perdido pero condicionados a reformas estructurales, laborales y del sistema público de pensiones. Los fondos que aporta la UE se están consiguiendo a través de la venta masiva de bonos de deuda que no saldrán gratis y habrá que pagarlos en un futuro.
Además, se prevé que más del 30% de los 140.000 millones euros van a ir a la transformación digital. Transformación digital “cuyo mayor protagonista es el despliegue del 5G va acompañada de un aumento de la destrucción de empleo, del consumo energético, del incremento de las emisiones de CO2, del extractivismo minero, de la producción de residuos tecnológicos y de la posibilidad de control de la población por el tratamiento de los datos recogidos en la red”, señalan desde la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón. A ello se añade la destrucción de empleo que va a acarrear la hiperdigitalización.
Mediante esta movilización las organizaciones reclaman transparencia en la toma de decisiones y en los criterios de adjudicación con participación de la sociedad civil y posterior rendición de cuentas. Además de un 50% de la contratación para proyectos de desarrollo locales estratégicos que potencien las economías de proximidad y un 50% del presupuesto destinado a una transición ecológica real.
Así, apoyan la inversión en servicios públicos esenciales para la vida, sanidad, educación, investigación y cultura. Recuerdan que los proyectos deben plasmar perspectiva de género y estar sujetos al cumplimiento de estrictos criterios ambientales y sociales, tener como criterio prioritario poner la vida en el centro. el sostenimiento de la vida y favorecer la gestión pública.
Ante la oportunidad histórica que suponen los fondos NextGenerationEU, la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón junto a otras organizaciones del estado consideran que “no se puede seguir apostando por aumentar los beneficios económicos de grandes empresas contaminantes y fuentes emisoras de CO2 que vulneran los derechos de las trabajadores y no contribuyen a una transición ni ecológica ni social”. Por lo tanto solicitan a las instituciones aragonesas información y participación social sobre el destino de dichos fondos.
