Este 21 de octubre se cumplen dos años de la entrada en vigor la Ley estatal 20/22 de Memoria Democrática. "Ley que aprobó el Gobierno progresista en octubre de 2022 pero que, debido a la convocatoria de elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023, apenas se desarrolló", explica en un comunicado la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que agrupa a 19 asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo de las distintas comarcas aragonesas.
A los dos años de su vigencia, PAMA remarca que "siguen pendientes de concreción muchas de las cuestiones que propone". "Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con los necesarios recursos económicos y humanos pero, como sabemos, la aritmética parlamentaria ha hecho que, por ejemplo, no haya habido nuevos presupuestos para 2024 y se hayan prorrogado los de 2023 con lo que temas de la Ley, que requieren para su desarrollo partidas presupuestarias, están a la espera de los nuevos", añade. Otras son "cuestión clara de voluntad política" y aquí reclaman al Gobierno de PSOE-Sumar "más decisión, compromiso y diligencia".
En su comunicado, PAMA advierte que "la ofensiva de la ultraderecha, claramente apoyada y secundada por el PP", es "un deliberado ataque contra la memoria democrática" y, para ello, "siguen varias estrategias: inacción y abandono absoluto, relativización y revisionismo" y, lo último, como hemos visto aquí en Aragón y otros territorios, "la negación del franquismo mediante las definidas como leyes o planes de Concordia".
Por ello, PAMA manifiesta que "esta ley que hoy recordamos, aun siendo un avance con relación a la Ley de Memoria Democrática de 2007 (gobierno de Zapatero), sigue sin saldar la deuda democrática que este país tiene con las víctimas del franquismo, sigue sin asegurar el conocimiento de lo sucedido, sin hacer que la memoria democrática sea un asunto de estado y sin que las administraciones públicas asuman la localización, exhumación, identificación y dignificación de las miles de víctimas asesinadas por el franquismo que siguen en fosas, barrancos y cunetas".
A los dos años de su entrada en vigor, la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón reclama y exige su desarrollo y aplicación inmediata. "No queremos que pase como con la ley estatal de 2007, paralizada y no aplicada por los Gobiernos de Rajoy, o como con la Ley de Memoria Democrática de Aragón, derogada por el Gobierno de la derecha", advierten.
"Con todo, esta Ley, aprobada a los 44 años de democracia, sigue dejando cuestiones sin resolver", afirma PAMA. "La Ley de Amnistía, esa ley de punto final que la judicatura conservadora de este país utiliza para cortar toda investigación y condena del franquismo, no se anula. No condena a la Iglesia católica por el apoyo dado al golpe de estado, ni por la justificación moral que dio de la guerra de España, ni por su colaboración total con la dictadura franquista", detallan en el comunicado. Además, señalan que "hay otra cuestión, importante y fundamental, inadmisible en una democracia". Esta ley "no anula, ni reforma al menos, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, (ley franquista y preconstitucional) que impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos".
"La derecha reaccionaria de siempre con el añadido de la ultraderecha, no quiere condenar el franquismo, no quiere que se sepa la verdad y no quiere que se haga justicia y se devuelva la dignidad a las víctimas del franquismo. Hace un revisionismo de la dictadura, blanquea el franquismo y difunde odio y rencor", denuncia PAMA. Por eso "es urgente, necesario y democrático que se haga justicia, que se conozca la verdad, y que se acabe con esa horrible, tremenda, injusta y antidemocrática división de víctimas que, a diferencia de otras, siguen abandonadas por barrancos y cunetas, sin siquiera un reconocimiento ni homenaje".
Por último, desde PAMA vuelven a reafirmar, como siempre han hecho, su compromiso con la verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición".
