Multa irrisoria a las grandes constructoras

La CNMC ha multado a las seis constructoras españolas más grandes por realizar durante 25 años reuniones para decidir cuáles iban a competir y en qué cuantía en las licitaciones

accidente
Imagen: Shivendu Shukla (Unsplash)

El 7 de julio se hacía pública la decisión de multar con 203,6 millones, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a las seis constructoras españolas más grandes por alterar durante 25 años las licitaciones haciendo reuniones previas para decidir en cuales iban a competir y por qué cuantía aproximada. Pactos que se sospechaban pero que se vieron confirmados, y que afectaban a contratos de edificación y obra civil de infraestructuras.

Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC, Acciona y Dragados se han llevado una pequeña contrariedad porque la cifra, con respecto a su volumen de facturación con las instituciones públicas, es ridícula.

Para que nos hagamos una idea del irrisorio volumen de la sanción, la cuantía de la multa a FCC es de 40,4 millones de euros. Solo su contrato de limpieza pública con la ciudad de Zaragoza son 615 millones a 10 años. El de jardines es 12,5 millones a cuatro años. Servicios extraordinarios aparte, claro. Empresas como Dragados habrán de abonar el equivalente al 1.75% de su beneficio en solo un año.

Este manejo del dinero público mediante métodos ilícitos llevaba produciéndose desde 1992 y se ha constatado hasta 2017. 25 años de impunidad en los que cualquier observador atento podía deducir que algo raro sucedía y que nada indica que no pueda seguir ocurriendo, aunque de forma más discreta.

Pero, habrá quien quizá se haga un poco lío al haber citado un contrato de limpieza pública ¿No estábamos hablando de constructoras? Sí, pero todas estas grandes empresas, con diferentes nombres y marcas, son al mismo tiempo propietarias de empresas de servicios de todo tipo presentes en las más diversas labores que pueden ir desde la seguridad privada a la limpieza o la jardinería. También tienen participaciones en transporte público o movilidad vial.

Son empresas en permanente negocio que compran y venden partes de sí mismas. Por ejemplo Ferrovial vendió recientemente por una jugosa suma al fondo Portobello Capital parte de su sector servicios. En este caso la empresa Ferroser, que ha pasado a llamarse Serveo.

La multa, por otro lado, es solo a las constructoras, con lo que toda la división de servicios se va de rositas.

Pero tras todas ellas están las grandes fortunas españolas de siempre, nombres más que conocidos como Villar Mir, Entrecanales, Florentino Pérez, Koplowitz o la familia Del Pino. O bien internacionales como la familia Amodio, millonarios mexicanos máximos accionistas de OHL o el también mexicano Carlos Slim, una de las mayores fortunas del mundo, tras FCC.

Están en todas partes y, en la práctica, operan en un régimen de oligopolio de facto, dado que toda competencia con ellas se antoja imposible.

Por otro lado lo ahora sancionado es evidente hace tiempo.

Años observando el oligopolio de los contratos públicos produce extrañas sensaciones, muchas veces repetidas. Como que un contrato de millones de euros se diferencie el precio final de las licitaciones de una empresa a otra en prácticamente calderilla. Algo que sucede las suficientes veces como para dar que pensar.

También que, en diferente orden y ganando licitaciones unas veces una u otra, se repiten por sistema los mismos nombres.

Más raro es aún que un contrato que, técnicamente, es considerado baja temeraria (cuando por el precio ofertado el contrato se ve imposible de cubrir sin incurrir en irregularidades) y sin embargo termine aceptado y la empresa ejerciendo su labor. No hablo de hipótesis, hace escasos meses así se adjudicó parte del servicio de Parques y Jardines de Zaragoza.

Y podemos hablar tranquilamente de oligopolio porque lo es. Todas las empresas sancionadas tienen contratos que suman cientos de millones con diferentes instituciones aragonesas.

Lo mismo llevan el mantenimiento de carreteras que se venden entradas de piscinas, limpian edificios municipales o arreglan el aire acondicionado en un cuartel.

Igual construyen un instituto que una presa. Reparan una autovía o construyen un canal de riego.

Por otro lado la multa es principio y fin. No se puede impedir seguir licitando a las empresas por formar un cártel. Eso sería cuestión de la Junta de Contratación Pública estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda y el procedimiento puede ser aún más lento y farragoso.

Además muchas de estas empresas tienen segundas marcas totalmente intercambiables. Los ejemplos los tenemos muy a mano. Cada vez que se presenta un concurso público es frecuente que no se pueda concurrir a todos los apartados del concurso. Pero para eso están los segundos nombres como Sacyr que también es Valoriza o FCC con Selsa.

Hecha la ley hecha la trampa. En este caso la trampa era evidente hasta lo insultante. De momento les ha salido barato.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies